En lo que va de 2025, Colombia enfrenta una preocupante escalada de violencia contra miembros de la fuerza pública.
Según informes recientes, al menos 17 uniformados han sido asesinados en ataques atribuidos a grupos armados ilegales, en el marco de un denominado «plan pistola» que busca atentar de manera selectiva contra policías y militares en varias regiones del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que este plan ha sido ejecutado por organizaciones como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, dejando un saldo de seis policías y dos militares muertos durante la Semana Santa y en días posteriores.
Los departamentos más afectados incluyen Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió en el suroeste del país, donde una unidad policial fue atacada con explosivos, resultando en varios heridos y daños materiales. Las autoridades atribuyen este atentado a represalias de grupos armados ilegales por recientes capturas y muertes de sus miembros.
La situación en el noreste de Colombia también es crítica. En la región del Catatumbo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha lanzado una ofensiva violenta desde enero, con el objetivo de expulsar a las disidencias de las FARC-EP. Estos enfrentamientos han dejado al menos 71 muertes confirmadas, más de 56,000 personas desplazadas y una crisis humanitaria sin precedentes en la zona.
Ante esta escalada de violencia, el gobierno colombiano ha decidido cambiar su estrategia de seguridad, pasando de una política de apaciguamiento a una ofensiva militar. Esta decisión incluye el fin de los ceses al fuego con las principales estructuras armadas ilegales y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en las regiones más afectadas.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han instado al gobierno a implementar políticas urgentes de justicia y seguridad para proteger a la población civil y frenar la violencia en regiones como el Catatumbo.
La falta de coordinación y respuesta eficaz del gobierno ha sido criticada, destacando la necesidad de estrategias más efectivas para garantizar la seguridad y la paz en el país.
