Al tiempo que el gobernador de Casanare, Cesar Ortiz Zorro, respondía al anuncio de la Procuraduría en torno a la apertura de una indagación preliminar sobre denuncias en torno a la transparencia del millonario contrato de adquisición de tablets para estudiantes en Casanare, la Fundación «Little Guardians» dio a conocer documentos según los cuales la Contraloría General de la República también tiene sus ojos puestos en este caso.
Así lo evidencian sendos oficios remitidos por la Contraloría a la Superintendencia de Sociedades y a la Procuraduría (entidad que finalmente decidió dar inicio a un proceso con la indagación) en los cuales dicho ente transmite a estas instituciones las inquietudes expresadas por la Fundación que cuestiona diversos hechos del contrato.
En su oficio sobre la denuncia de la OnG, la Contraloría dice a la SuperSociedades que «la presente solicitud refiere a presuntas irregularidades y/o hechos que corresponden a la legalidad de la empresa y el cumplimiento de los derechos del consumidor en relación con el proyecto identificado con BPIN No. 20244005850002, denominado “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE HABILIDADES DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.
En consecuencia, y acorde con lo consagrado en la Ley 222 de 1995, así como en aplicación del artículo 21 de la Ley 1437 de 20112094 de 2021, procede la Contraloría a dar traslado a dicha Superintendencia «para lo de su competencia y fines pertinentes».
Concretamente, la entidad de control fiscal traslada a la Super, la petición del denunciante para realizar una auditoría a los contratistas del proyecto mediante una investigación a CEM Electronix S.A.S. con (NIT: 900.623.074) y la Unión Temporal «Educación de Calidad» (NIT: 901.841.929) para verificar los soportes de facturación y trazabilidad de los equipos y software adquiridos.
De igual forma, se ha pedido involucrar en el proceso investigativo a SAMSUNG como casa fabricante de este tipo de equipos.
Las dudas sobre la transparencia del contrato, el impacto fiscal del mismo en las finanzas departamentales pues por su forma de ejecución permitió evitar el pago de estampillas que nutren de recursos la ejecución de proyectos sociales en cultura, deporte y tercera edad; y el costo de la compra de los equipos, no solo fueron acogidas por el rotativo bogotano EL ESPECTADOR que en su momento realizó una publicación sobre las denuncias de Little Guardians.
Los cuestionamientos llegaron también a instancias de la Asamblea de Casanare uno de cuyos diputados, Jorge Eduardo García, citó a un debate de control político en donde se sumó a las inquietudes que planteó la OnG y fustigó severamente la forma de ejecución del contrato.
Al respecto, el gobernador de Casanare, Cesar Ortiz Zorro dijo estar «con la conciencia tranquila» y agregó no estar arrepentido de la decisión de invertir en mecanismos de modernización de la educación en el departamento.
En cuanto a la indagación que anunció la Procuraduría, sostuvo que todas las explicaciones se darán en su momento y ante las instancias que así lo soliciten.
