Un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Internacional del Trópico Americano (UNITRÓPICO), encabezados por Denys Tatiana Barrera Alfonso, presentó ante el Tribunal Administrativo de Casanare una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple contra la Gobernación y la Asamblea Departamental de Casanare, alegando la expedición ilegal de dos decretos departamentales.
¿Qué se demanda?
Los decretos señalados son el No. 0098 del 5 de mayo de 2025, firmado por la Gobernadora encargada, y el No. 113 del 21 de mayo de 2025, expedido por el gobernador titular, César Augusto Ortiz Zorro. Según la demanda, ambos decretos ampliaron y prorrogaron el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de manera inconstitucional y sin competencia legal.
Los hechos en detalle
La controversia se origina en la delegación de funciones por parte del Gobernador al encargar a la secretaria privada por un solo día. Durante este periodo, la gobernadora encargada expidió el Decreto 0098, con el que se adicionó la agenda de las sesiones extraordinarias inicialmente convocadas. Posteriormente, el Gobernador expidió el Decreto 113, con el cual prorrogó dichas sesiones hasta una fecha posterior, desoyendo advertencias previas de ilegalidad.
La diputada Luz Mery Niño Chaparro señaló en una sesión de la Asamblea que ya existía precedente jurisprudencial que indicaba la ilegalidad de este tipo de prórrogas, haciendo referencia a una sentencia del mismo Tribunal Administrativo de Casanare de marzo de 2023, que anuló un decreto similar en el contexto municipal.
Argumentos jurídicos
La demanda se fundamenta en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política de Colombia, que limitan el actuar de los funcionarios públicos a lo expresamente autorizado por la ley. En este caso, los demandantes argumentan que tanto la Constitución (art. 305, num. 12) como la Ley 2200 de 2022 conceden a los gobernadores la facultad de convocar sesiones extraordinarias, pero no la de prorrogar o modificar su contenido o duración.
También se citan pronunciamientos del Consejo de Estado que reafirman la ilegalidad de prórrogas no previstas en la ley para este tipo de sesiones, lo cual se considera una clara extralimitación de funciones.
Medida cautelar solicitada
En el escrito se solicitó la suspensión provisional de los efectos de los decretos demandados, con el fin de evitar que decisiones adoptadas en esas sesiones extraordinarias —consideradas viciadas de ilegalidad— generen inseguridad jurídica o perjuicios al Departamento de Casanare.
Se destaca que algunos de los proyectos de ordenanza debatidos en este periodo podrían ser retomados sin obstáculos durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, previsto del 1º de junio al 31 de julio de 2025.
¿Qué se espera del Tribunal?
Los demandantes solicitan que se declare la nulidad de los Decretos 0098 y 113 de 2025 y se suspendan sus efectos de manera inmediata. De prosperar la demanda, se marcaría un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo departamental y se reforzaría el principio de legalidad en la función pública.
Esta acción legal, promovida por estudiantes universitarios, pone de relieve la creciente vigilancia ciudadana sobre los actos administrativos y el compromiso de la academia con la defensa del orden constitucional.
