Por Héctor Manuel Barbosa*
En los últimos días se ha reavivado en Casanare una discusión que, aunque incómoda, resulta necesaria: la escasa —por no decir nula— representación del departamento en el Gobierno nacional, pese al respaldo que le dio en las urnas al presidente Abelardo de la Espriella.
Figuras locales como la exalcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, y el exsenador Carlos Cárdenas han puesto el dedo en la llaga. Sin embargo, hay un episodio que merece especial atención: el anuncio del coordinador de la campaña presidencial en Casanare, Luis Felipe Sarmiento, quien, a través de sus redes sociales, agradeció las “oportunidades” que, según sus propias palabras, le habría ofrecido el presidente —sin precisar cuáles— y que decidió declinar, al parecer, para buscar la Gobernación de Casanare en 2027.
A mi modo de ver, si esos ofrecimientos correspondían a un viceministerio o a un cargo de primer orden en el Ejecutivo, me atrevo a decir que Luis Felipe dejó pasar, al menos por ahora, una oportunidad excepcional para su futuro, no solo profesional, sino también político.
Y lo digo con el mayor respeto y sincero aprecio, porque su hoja de vida lo respalda. Es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con estudios de maestría en el exterior: un perfil que en Casanare no es precisamente común y que, de haber llegado a un cargo de primer nivel, habría podido comenzar a abrirles puertas a otros casanareños con similar preparación en instancias donde históricamente hemos estado ausentes.
Pero, en su fuero interno, Luis Felipe decidió cambiar esa certeza por la incertidumbre de una gobernación.
Y es un cálculo incierto por partida doble.
Primero, porque ganar una gobernación no depende únicamente del mérito, de la preparación o de la cercanía con el gobierno de turno. Es el resultado de una compleja combinación de coyunturas locales, alianzas políticas, capacidad electoral, circunstancias imprevisibles y, en no poca medida, de factores que solo terminan de definirse en la recta final de una campaña.
Segundo, porque la derecha casanareña —el espacio natural desde el cual Luis Felipe tendría que disputar ese cargo— está hoy bastante fragmentada, sin un candidato único y, al menos por ahora, sin una hoja de ruta claramente definida.
En conclusión, apostar por una contienda regional tan incierta, dejando de lado un cargo nacional que aparentemente ya estaba sobre la mesa, supone asumir un riesgo considerable.
Y aquí hay que decirlo sin rodeos: la Gobernación de Casanare es un cargo de enorme importancia para el departamento, pero su peso político en el escenario nacional es considerablemente menor que el de un viceministerio o una posición de primer nivel dentro del Ejecutivo.
Ahora bien, vale la pena poner esta discusión en contexto con cifras.
Según el análisis realizado por La Silla Vacía sobre los 275 nombramientos con los que arrancó este Gobierno, el patrón es claro y no parece ser exclusivo de la actual administración, sino que se ha repetido durante los últimos cinco gobiernos: llegar a uno de los 18 ministerios, los cinco departamentos administrativos o los 37 viceministerios del país depende, en buena medida, de una combinación de variables que han sido documentadas estadísticamente.
Entre ellas aparecen el origen regional —Bogotá, la Costa Caribe y Antioquia concentran buena parte de los nombramientos, seguidos por los Santanderes y la Costa Pacífica—; la universidad de pregrado —con instituciones como el Externado, los Andes, el Rosario, la Nacional y la Javeriana con una presencia importante—; y, por supuesto, la filiación o cercanía con las casas políticas que sostienen al gobierno de turno.
Fuera de ese círculo, las posibilidades disminuyen considerablemente y, en no pocos casos, terminan dependiendo del azar.
Esta realidad la conoce bien Casanare.
Uno de los cargos de mayor relevancia al que ha llegado un casanareño durante un gobierno nacional fue el de Jefferson Peñaloza, quien se desempeñó como asesor directo de un despacho ministerial y que, más allá de cualquier recomendación política, contaba con una sólida hoja de vida que respaldaba su llegada.
Por su parte, la política Sonia Bernal, pese a haber sido coordinadora de la campaña de Gustavo Petro, apenas llegó entonces a un cargo de tercer orden en el Ministerio del Interior.
Y en la actualidad, el único nombramiento que se conoce para el departamento es el de Raquel Rubiano como asesora grado 16. Sin embargo, en la fotografía de la resolución que ha circulado en medios fue borrada la dependencia específica a la que prestará sus servicios. Esta hace parte de la estructura del despacho ministerial, pero no corresponde directamente al despacho del ministro.
Es preciso aclarar algo: esto no significa que el presidente tenga una deuda particular con Casanare.
La política funciona también a partir de compromisos, confianza y equipos construidos durante las campañas. Y el mapa de nombramientos demuestra que De la Espriella ha sido consecuente con quienes estuvieron en primera línea desde el comienzo de su proyecto político.
Precisamente por eso, la decisión de Luis Felipe adquiere tanta relevancia.
Si había un casanareño con posibilidades reales de ocupar un cargo nacional de primer nivel, era él. Tenía los pergaminos académicos, la cercanía con el presidente y, además, la condición de haber coordinado la campaña presidencial en el departamento.
Su decisión es respetable y solo él conoce las razones que lo llevaron a tomarla.
Amalaya —como decimos los llaneros— que no haya sido producto del ruido de los lagartos ni de la falsa salamería que tanto abunda alrededor del poder, sino de una convicción genuina sobre un proyecto regional que pretende construir.
Porque el problema de fondo no es la decisión de Luis Felipe.
El verdadero problema es que Casanare sigue sin encontrar la manera de convertir sus votos, sus profesionales y su peso político en una presencia real en Bogotá.
Seguimos siendo un departamento que aporta recursos, votos, profesionales y respaldo político, pero que, cuando llega la hora de repartir el poder nacional, parece quedar mirando desde la puerta.
El tiempo dirá si Luis Felipe tomó la decisión correcta.
Pero también dirá si Casanare perdió, sin saberlo, una de las mejores oportunidades recientes de tener una voz con verdadero peso en Bogotá.
Por Héctor Manuel Barbosa Sarmiento*
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en derecho público de la Universidad Externado de Colombia.
Magíster en Contratación Estatal y especialista en derecho procesal civil y en contratación estatal. Fue jefe de Defensa Judicial, asesor del Despacho de la Gobernación de Casanare y Vicecontralor de Casanare y asesor jurídico en varios ministerios.
