La tortuosa relación sentimental que por algún tiempo mantuvo el reconocido influencer, Cesar David Wilches Fonseca «el Casanareño», con su excompañera sentimental y que incluyó maltratos de todo tipo (incluidos físicos), amenazas y hasta seguimientos con equipos electrónicos, e incluso agresiones mutuas, terminó en la decisión de un juez de ordenar medida de cárcel en su contra.
El caso trascendió los límites de pareja (no solo por la calidad de hombre público de Wilches Fonseca), vinculado al activismo político en el partido Centro Democrático (donde incluso fue candidato en las pasadas elecciones en lista de Asamblea Departamental), sino por la condición de funcionaria oficial de su expareja.
Incluso, los niveles de agresión y acoso llevaron al nivel de que publicaciones suyas por redes sociales, evidenciaron en alguna oportunidad el hallazgo de un dispositivo de seguimiento electrónico, oculto en su vehículo.
Por estas y otras conductas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilches Fonseca, como responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
Según las investigacines y evidencias recopiladas por el ente acusador, el hombre incurrió en maltratos de manera reiterada y sistemática a su expareja sentimental.
Por ello, un Fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de Casanare, evidenció que el procesado le hacía seguimientos permanentes a la víctima, a través de sus dispositivos electrónicos personales, para conocer su ubicación.
De igual forma, según la investigación, Wilches Fonseca también profirió amenazas con arma de fuego en varias ocasiones, además, de agredirla física y verbalmente, desde 2016.
Producto de las reiteradas golpizas y agresiones físicas, la víctima fue valorada médicamente e incluso se le cobijó con órdenes de incapacidad por más de 20 días en diferentes oportunidades, debido a las consecuencias derivadas de las golpizas.
A pesar de las pruebas documentales y testimoniales, los antecedentes y muestras evidentes de su conducta, Wilches Fonseca no aceptó su responsabilidad en el delito que la Fiscalía le endilgó en el traslado de escrito de acusación.
Al encontrar razonable la justificación de la Fiscalía en torno a que la medida de aseguramiento intramural era el único mecanismo efectivo de protección para la víctima ante la peligrosa conducta de su agresor, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
