La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha convocado una Audiencia Pública Ambiental programada para el 13 de septiembre de 2025, con el objetivo de abordar los afloramientos de hidrocarburos y gas detectados en San Luis de Gaceno, zona que afecta también a jurisdicciones del departamento de Casanare
📍 ¿Por qué es importante para Casanare?
- El proyecto Campo de Producción Medina, operado por Nikoil Energy Corp Suc Colombia, abarca terrenos en San Luis de Gaceno (Boyacá) y en áreas de Sabanalarga, Casanare
- Las irregularidades en los monitoreos y afloramientos en Boyacá podrían generar impactos ambientales y sociales que se extienden más allá de sus límites.
🧾 Una década de quejas ignoradas
- Agravado por denuncias que se remontan a 2014, la comunidad campesina ha identificado hasta 13 puntos de afloramientos líquidos y 10 de gas en terrenos como las veredas Caño Grande, Río Chiquito y Horizontes, zonas próximas a Casanare
- Aunque agentes como la Procuraduría Ambiental y Corpochivor han documentado la situación, la ANLA no había atendido la solicitud de audiencia hasta el auto 004228 del 28 de mayo de 2025, que finalmente autoriza su realización
🧩 ¿Qué incluirá la audiencia?
- En septiembre, la ANLA organizará primero una reunión informativa previa para explicar el proceso, reglas de participación y avances de seguimiento ambiental Entreojos.co.
- Nikoil Energy tendrá la oportunidad de exponer sobre la ejecución del proyecto y sus impactos locales.
- Los asistentes podrán intervenir virtualmente o presencialmente. Las inscripciones están abiertas hasta el martes 9 de septiembre a las 5:00 p.m., vía formularios online, líneas telefónicas o en las sedes de corporaciones regionales como Corpochivor, Corporinoquía y Cormacarena
⚖️ Qué está en juego para Casanare
- La audiencia permitirá evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en cada zona afectada, incluyendo Casanare.
- Habitantes podrán presentar evidencia, intervenir en el debate y exigir medidas preventivas y correctivas.
- Es una oportunidad para que el Estado atienda la protección de derechos ambientales y colectivos, especialmente en territorios ecológicamente sensibles y afectados por la producción petrolera
