El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala de decisión penal número 19, anunció que aprobó la decisión de segunda instancia dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, bajo el radicado 110016000102202000276-09.
El caso, que se ha convertido en uno de los más emblemáticos en la historia judicial reciente de Colombia, avanza así hacia una nueva etapa procesal que definirá el rumbo de la causa penal más importante que ha involucrado a un exmandatario colombiano en la justicia ordinaria.
El comunicado oficial, suscrito por la Presidencia del Tribunal, señala que la Sala —integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto— sesionó el 14 de octubre de 2025 y, mediante acta No. 135, aprobó la providencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto tanto por la defensa técnica y material de Uribe Vélez como por el delegado del Ministerio Público.
Dichos recursos se habían presentado contra la decisión del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en su momento adoptó un fallo condenatorio dentro del proceso.
Aunque el Tribunal no reveló el contenido de la decisión ni su sentido jurídico —es decir, si confirma, modifica o revoca la determinación apelada—, el documento deja claro que la providencia de segunda instancia ya fue deliberada y aprobada internamente, y que la lectura oficial será programada y comunicada en los próximos días a las partes e intervinientes.
Un proceso de largo recorrido
El expediente que involucra al exmandatario se remonta al año 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar por presunta manipulación de testigos en procesos relacionados con acusaciones contra exintegrantes de grupos paramilitares.
En agosto de 2020, tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, el caso pasó a la jurisdicción ordinaria y fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, lo que marcó un punto de inflexión en el trámite del proceso.
Desde entonces, el caso ha atravesado varias fases judiciales: solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía, decisiones de archivo negadas por jueces de control de garantías, y apelaciones presentadas por la defensa del expresidente y la representación del Ministerio Público.
El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en particular, fue escenario de una de las decisiones más debatidas del proceso, que ahora quedó bajo revisión del Tribunal Superior.
El caso Uribe no solo reviste relevancia penal, sino también política y simbólica. Se trata del primer expresidente colombiano vinculado formalmente a un proceso penal ordinario, situación que ha suscitado amplios debates sobre la independencia judicial, los límites del fuero parlamentario y las tensiones entre las ramas del poder público.
Juristas consultados han señalado que la decisión que ahora revisa el Tribunal podría sentar un precedente importante sobre los estándares de valoración probatoria en casos de manipulación de testigos y soborno, así como sobre la forma en que los jueces de segunda instancia pueden evaluar la consistencia de las decisiones adoptadas por los despachos de primera instancia.
Con la aprobación de la providencia, el Tribunal entra en la etapa final del trámite de segunda instancia. La lectura del fallo —que, según la comunicación oficial, se notificará “en forma oportuna a las partes e intervinientes”— será el momento en que se conozca si el Tribunal mantiene o modifica la decisión que en su momento tomó el Juzgado 44 Penal.
Fuentes judiciales señalan que, tras la lectura pública, el proceso podría seguir eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia o incluso ante instancias internacionales, dependiendo de los mecanismos de impugnación o revisión que utilicen las partes.
