El Tribunal Administrativo de Casanare, bajo la ponencia de la magistrada Aura Patricia Lara Ojeda, admitió oficialmente el trámite de una Acción Popular que busca frenar el grave deterioro institucional, operativo y financiero que rodea la construcción del nuevo Centro de Salud del Municipio de Trinidad.
La decisión responde a la demanda interpuesta por la Fundación Little Guardians (representada por Luis Guillermo Pérez Pérez), junto a los ciudadanos Juan Pablo Betancourt Barrera y Jesús Hermel Bernal Delgado.
Los demandantes acudieron a la justicia constitucional al advertir que los reiterados retrasos ponen en riesgo directo el patrimonio público, la salubridad y el derecho a una infraestructura eficiente de servicios públicos en la región.
OBRA EN EL LIMBO…
El proyecto, identificado en el Sistema General de Regalías con el código BPIN 2022005850043, cuenta con un presupuesto asignado de $17.168.618.590. Los recursos se amparan en el Contrato de Obra No. 1355-2023 (RSC-CP 002-2023), suscrito entre la E.S.E. Red Salud Casanare y la firma contratista Unión Temporal Salud Trinidad.
Aunque el acta de inicio se firmó el 22 de diciembre de 2023 con un plazo de ejecución pactado originalmente de 16 meses y un anticipo contractual del 50% bajo administración fiduciaria, la obra entró en una espiral de paralizaciones de la cual no ha podido salir.
Según consta en el expediente judicial, el proyecto ha sido sometido a múltiples e intermitentes frenos:
- Suspensión No. 01: Ordenada el 6 de agosto de 2024.
- Suspensión No. 02: Otorgada el 13 de diciembre de 2024, acumulando 5 prórrogas.
- Suspensión No. 03: Firmada el 12 de diciembre de 2025, extendida en 6 oportunidades hasta el 13 de julio de 2026.
A pesar del paso del tiempo y del flujo de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), al momento de radicarse la demanda persistían graves inconsistencias: la falta de aprobación del ajuste eléctrico (la denominada «entrega 12A»), la demora en la formalización técnica de la Modificatoria No. 02, la inexistencia de un balance físico-financiero actualizado firmado por la interventoría, y serias dudas sobre el estado de las garantías contractuales y la amortización del anticipo.
LOS DEMANDADOS…
La admisión del medio de control vincula de manera directa a los principales responsables de la planeación y ejecución de la infraestructura pública en el departamento: Red Salud Casanare E.S.E. (como entidad contratante); el departamento de Casanare – Secretaría de Salud; el municipio de Trinidad y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Adicionalmente, haciendo uso de las facultades oficiosas contempladas en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, el Despacho judicial dispuso que la Unión Temporal Salud Trinidad sea vinculada.
De acuerdo con el auto, aunque los accionantes no la citaron inicialmente al no contar con el envío de la reclamación previa a su nombre, su comparecencia resulta indispensable para garantizar el derecho de contradicción y hacer efectivas las eventuales órdenes de amparo sobre el contrato.
MEDIDAS SOLICITADAS
La Acción Popular no solo pretende que se determine la responsabilidad por los retrasos, sino que plantea una hoja de ruta con 12 peticiones concretas para destrabar el proyecto.
Entre las pretensiones principales destacan la elaboración de un inventario físico, fotográfico y valorado de la infraestructura; la conciliación integral del anticipo fiduciario; la verificación urgente de las pólizas y amparos vigentes; la estructuración de un plan integral de culminación; y la actualización de los reportes en el SECOP II y en las plataformas del DNP.
Así mismo, la parte demandante solicitó que se decrete un esquema de seguimiento judicial estrecho, acompañado por un Comité de Verificación conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que supervise el cumplimiento de las órdenes de manera periódica.
Para admitir el recurso, el Tribunal constató que los demandantes agotaron el requisito legal de procedibilidad previsto en el CPACA.
La reclamación administrativa previa (radicado P0458A) fue presentada el 25 de septiembre de 2026 ante las entidades correspondientes.
Vencido el plazo legal de 15 días sin que se hubiesen adoptado respuestas ni medidas sustanciales para corregir las irregularidades denunciadas, la demanda fue válidamente incoada el 23 de octubre de 2026.
El auto dejó pendiente la solicitud de medidas cautelares, sobre las cuales el Despacho anunció que se pronunciará y correrá traslado en un escrito separado. Con la admisión del proceso, inicia formalmente la fase probatoria que definirá el destino del hospital de Trinidad.





