Por: Héctor Manuel Barbosa Sarmiento*
La Comisión Accidental de la Asamblea Departamental de Casanare presentó finalmente para aprobación de la plenaria los nombres que integrarían la terna de elección del Contralor Departamental. Independientemente de los nombres propuestos, el problema jurídico que eventualmente podría suscitarse consiste en determinar, a la luz del artículo 272 de la Constitución, el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 y las obligaciones internacionales del Estado colombiano, si actualmente resulta jurídicamente admisible formalizar una terna sin presencia femenina.
Dos formas de interpretar
Una interpretación formalista encuentra una sentencia, la cita y concluye, esto es, trata el precedente como un molde inmutable, sin cuestionarse qué normas regían cuando se profirió ni qué transformaciones ha sufrido el ordenamiento desde entonces.
Otra hace un análisis dinámico de precedentes, donde se examina qué ha cambiado, cuáles son las nuevas disposiciones y hacia dónde conduce la interpretación sistemática, teleológica y evolutiva del derecho. No desconoce la jurisprudencia, sino que la aplica, la distingue y, cuando corresponde, propone actualizarla mediante argumentos. Gracias a esa interpretación existe el derecho viviente y se explican transformaciones jurisprudenciales que, de otro modo, habrían sido impensables.
Cuando el precedente cambió de rumbo
La historia constitucional ofrece ejemplos, por citar uno, en la sentencia C-098 de 1996, la Corte Constitucional consideró ajustada a la Carta la regulación de la unión marital de hecho que no comprendía a las parejas del mismo sexo. Once años después, mediante la C-075 de 2007, extendió a estas parejas la protección patrimonial; en la C-577 de 2011 reconoció que constituyen familia y, finalmente, en la SU-214 de 2016 reconoció la validez del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El artículo 42 de la Constitución no cambió. Cambió su interpretación a partir de la igualdad, la dignidad humana y la evolución de la comprensión constitucional de la familia. Eso sí, ninguno de esos cambios fue producto de la inercia. El derecho avanzó porque alguien se atrevió a discutir una interpretación que parecía definitiva.
Lo que ha cambiado desde 2017
Un precedente frecuentemente invocado es la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 19 de octubre de 2017, expediente 13001-23-33-000-2016-00313-02, relacionada con la elección de la contralora de Cartagena. Pero su supuesto fáctico es distinto. En ese caso, la aspirante no superó el puntaje mínimo de una prueba de conocimientos eliminatoria y, pese a ello, fue incluida en la terna invocando las normas de género. El Consejo de Estado anuló la elección porque se desconocieron las reglas de la convocatoria. Allí no se resolvió el caso de una mujer que hubiera superado todas las etapas y cuya inclusión exigiera armonizar el mérito con la acción afirmativa. Además, aquella decisión antecedió a una reforma constitucional determinante.
En efecto, el Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 272 de la Constitución e incorporó expresamente la equidad de género entre los principios que deben orientar la convocatoria pública para elegir contralores territoriales. Y esto no es un detalle menor. Esa misma disposición que ordena conformar la terna con quienes obtengan los mayores puntajes exige observar la equidad de género.
También resulta ilustrativa la sentencia de tutela del 12 de julio de 2022, radicado 05001-31-03-005-2022-00168-01, mediante la cual el Tribunal Superior de Medellín ordenó recomponer la lista de elegibles para Contralor General de la República, de manera que estuviera integrada por cinco mujeres y cinco hombres, respetando los puntajes obtenidos en las etapas de selección. La decisión amparó el derecho a la igualdad de una aspirante y aplicó el artículo 6 de la Ley 581 de 2000. Aunque no se trataba de una terna, sino de una lista, su importancia para este debate radica en que reconoció que las medidas de participación femenina pueden tener consecuencias concretas en la conformación de los aspirantes, sin que ello implique necesariamente desconocer los puntajes obtenidos.
Posteriormente, en la SU-138 de 2024, la Corte Constitucional confirmó la nulidad de la elección del Contralor General y ordenó rehacer el procedimiento desde la conformación de la lista de diez elegibles, atendiendo los criterios de mérito y paridad de género. La Corte también distinguió entre concurso público de méritos y convocatoria pública. En el primero, la clasificación determina, por regla general, el derecho al nombramiento; en la segunda, puede existir un margen de elección entre los finalistas, sin que ello signifique discrecionalidad absoluta.
Por su parte, la Ley 2424 de 2024 elevó al 50 % la participación obligatoria de las mujeres en los cargos de máximo y otros niveles decisorios, sin modificar la regla específica del artículo 6 de la Ley 581 sobre al menos una mujer en las ternas e igual proporción de hombres y mujeres en las listas. A ello se suman dos instrucciones de la Procuraduría. La Directiva 10 del 3 de julio de 2025 recordó que la lista de elegibles para contralores territoriales debe conformarse con quienes ocupen los tres primeros lugares. La Directiva 21 del 19 de diciembre de 2025, por su parte, reiteró la obligación de incluir al menos una mujer en las ternas. Ambas disposiciones hacen todavía más evidente la necesidad de interpretar conjuntamente el mérito y la equidad de género.
La lectura sistemática
Mérito y equidad de género son principios que deben coexistir bajo estricta aplicación de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación, pues ninguna disposición constitucional puede convertirse en una expresión decorativa. Si la equidad de género se agotara en permitir que las mujeres participen formalmente mientras el resultado de la convocatoria las excluye de la terna, habría que preguntarse qué efecto real tiene su inclusión en el artículo 272.
El artículo 6 de la Ley 581 de 2000 establece una regla expresa para las ternas, en virtud de la cual debe incluirse, como mínimo, el nombre de una mujer. La Corte Constitucional, en la C-371 de 2000, encontró constitucional esa medida, aunque precisó que la obligación no es inexorable cuando en la conformación de la terna concurren distintas personas o entidades.
A lo anterior se suman las obligaciones derivadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que no solamente proscribe la discriminación directa, sino que admite medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad real y efectiva. Por eso, el análisis no puede limitarse a la neutralidad formal de las reglas, sino que debe considerar sus efectos sobre la participación femenina.
Dos posiciones defendibles
La primera tesis sostiene que el artículo 272 es categórico. La terna debe conformarse con quienes obtengan los mayores puntajes. La Resolución 0728 de 2019 y la Directiva 10 de 2025 de la Procuraduría apuntan a los tres primeros lugares. Modificar ese orden afectaría los derechos e intereses de quien obtuvo el tercer puesto. Es una posición jurídicamente defendible.
La segunda sostiene que el mismo artículo 272 exige equidad de género y debe armonizarse con el artículo 126 constitucional y el artículo 6 de la Ley 581. Bajo esa interpretación, podría justificarse una medida de acción afirmativa que permita incluir a la mujer mejor calificada entre quienes superaron todas las etapas, sin desconocer los resultados de la convocatoria de manera arbitraria.
Un posible nuevo precedente
Hasta donde conozco, no existe un pronunciamiento judicial posterior al Acto Legislativo 04 de 2019 que resuelva expresamente esta controversia en la elección de contralores territoriales. Casanare podría convertirse en el escenario de esa discusión.
María Antonia Perilla obtuvo 75 puntos, ocupó el séptimo lugar y es la mujer con mayor calificación entre quienes superaron las etapas de la convocatoria. Hasta donde sé ya solicitó formalmente su inclusión en la terna. Si la controversia llega a los jueces, el eventual pronunciamiento podría aportar una interpretación relevante para las futuras elecciones de contralores departamentales, municipales y distritales del país.
En ese sentido, los precedentes judiciales no son moldes para reproducir indefinidamente el pasado, sino puntos de partida para interpretar un derecho que evoluciona y que debe responder a las transformaciones constitucionales y sociales.


SOBRE EL AUTOR: Héctor Manuel Barbosa Sarmiento*
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en derecho público de la Universidad Externado de Colombia.
Magíster en Contratación Estatal y especialista en derecho procesal civil y en contratación estatal. Fue jefe de Defensa Judicial, asesor del Despacho de la Gobernación de Casanare y Vicecontralor de Casanare y asesor jurídico en varios ministerios.


