En agosto de 2026, el DNP publicó el IGPR del segundo trimestre, una medición que permite conocer cómo avanzan los proyectos financiados con regalías. Casanare obtuvo 76,7 puntos, por encima del promedio nacional de 69,5. Es un buen resultado, claro, pero antes de celebrar conviene mirar la letra pequeña.
De las 39 entidades relacionadas con el departamento, 32 quedaron con desempeño adecuado y siete con desempeño no adecuado. ¿Significa esto que todas reciben regalías propias?
No. Buena parte de las asignaciones territoriales está en cabeza de la Gobernación y los municipios. Ellos pueden ejecutar directamente o escoger a otra entidad: una empresa de servicios públicos, un instituto, un fondo mixto o una organización con capacidad para asumir el proyecto. Aquí aparece una diferencia que cualquier ciudadano debería conocer: una cosa es ser beneficiario de los recursos y otra muy distinta ser el ejecutor.
El puntaje baja para quien ejecuta.
Supongamos que la Gobernación entrega un proyecto a Acuatodos. Si la contratación se demora, el cronograma se incumple o la información se reporta mal, esos problemas afectan el IGPR de Acuatodos, porque figura como ejecutor. Lo mismo ocurre cuando Yopal designa a SAYOP o un municipio a una empresa local de servicios públicos. La calificación sigue al ejecutor formal del proyecto.
¿Y la entidad que lo escogió queda por fuera del problema? No debería.
La regulación del Sistema General de Regalías exige verificar previamente que el ejecutor tenga capacidad institucional, administrativa y financiera. En palabras sencillas: no basta con entregar el proyecto y lavarse las manos. La Gobernación o el municipio debe explicar por qué consideró que esa entidad era la indicada.
¿Qué muestran las cifras?
La Gobernación obtuvo 69 puntos como ejecutora de 27 proyectos por cerca de $301.255 millones del SGR. Acuatodos llegó a 86 puntos con 13 proyectos por aproximadamente $444.652 millones, y el Instituto Financiero de Casanare alcanzó 95 puntos con 14 proyectos.
Otros resultados llaman la atención: la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué obtuvo 29 puntos; la Organización Regional Indígena de Casanare, 38; SAYOP, 40; Red Salud Casanare, 48, y Espavi de Villanueva, 54.
Un puntaje bajo no demuestra por sí solo corrupción ni permite afirmar que todos los proyectos estén mal ejecutados. Sí funciona como una alarma. Obliga a revisar qué pasó, cuánto dinero estaba comprometido y quién tomó la decisión de confiarle esos proyectos a la entidad.
El IGPR es una buena brújula, pero no muestra todo el camino. El ciudadano tiene derecho a saber quién recibió el proyecto, por qué fue elegido y qué obra quedó finalmente en servicio. Porque al final la pregunta no es solo cuántos puntos obtuvo Casanare. La pregunta que importa es más sencilla: ¿las inversiones del sistema general regalías están resolviendo los problemas sentidos de nuestra la gente?anare obtuvo 76,7 puntos, por encima del promedio nacional de 69,5. Es un buen resultado, claro, pero antes de celebrar conviene mirar la letra pequeña.
De las 39 entidades relacionadas con el departamento, 32 quedaron con desempeño adecuado y siete con desempeño no adecuado. ¿Significa esto que todas reciben regalías propias? No. Buena parte de las asignaciones territoriales está en cabeza de la Gobernación y los municipios. Ellos pueden ejecutar directamente o escoger a otra entidad: una empresa de servicios públicos, un instituto, un fondo mixto o una organización con capacidad para asumir el proyecto. Aquí aparece una diferencia que cualquier ciudadano debería conocer: una cosa es ser beneficiario de los recursos y otra muy distinta ser el ejecutor.
El puntaje baja para quien ejecuta
Supongamos que la Gobernación entrega un proyecto a Acuatodos. Si la contratación se demora, el cronograma se incumple o la información se reporta mal, esos problemas afectan el IGPR de Acuatodos, porque figura como ejecutor. Lo mismo ocurre cuando un municipio designa a SAYOP o a una empresa local de servicios públicos. La calificación sigue al ejecutor formal del proyecto.
¿Y la entidad que lo escogió queda por fuera del problema? No debería.
La regulación del Sistema General de Regalías exige verificar previamente que el ejecutor tenga capacidad institucional, administrativa y financiera. En palabras sencillas: no basta con entregar el proyecto y lavarse las manos. La Gobernación o el municipio debe explicar por qué consideró que esa entidad era la indicada.
¿Qué muestran las cifras?
La Gobernación obtuvo 69 puntos como ejecutora de 27 proyectos por cerca de $301.255 millones del SGR. Acuatodos llegó a 86 puntos con 13 proyectos por aproximadamente $444.652 millones, y el Instituto Financiero de Casanare alcanzó 95 puntos con 14 proyectos.
Otros resultados llaman la atención: la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué obtuvo 29 puntos; la Organización Regional Indígena de Casanare, 38; SAYOP, 40; Red Salud Casanare, 48, y Espavi de Villanueva, 54.
Un puntaje bajo no demuestra por sí solo corrupción ni permite afirmar que todos los proyectos estén mal ejecutados. Sí funciona como una alarma. Obliga a revisar qué pasó, cuánto dinero estaba comprometido y quién tomó la decisión de confiarle esos proyectos a la entidad.
El IGPR es una buena brújula, pero no muestra todo el camino. El ciudadano tiene derecho a saber quién recibió el proyecto, por qué fue elegido y qué obra quedó finalmente en servicio. Porque al final la pregunta no es solo cuántos puntos obtuvo Casanare. La pregunta que importa es más sencilla: ¿las inversiones del sistema general regalías están resolviendo los problemas sentidos de nuestra la gente?
