El Procurador Regional de Instrucción de Casanare, Juan Pablo Rincón Camacho, emitió un pronunciamiento oficial en el marco de la acción popular que cuestiona la polémica actualización catastral en Yopal. En su intervención, dirigida al Tribunal Administrativo de Casanare el 20 de agosto de 2025, solicitó medidas correctivas para garantizar que el proceso de catastro multipropósito cumpla con criterios técnicos, sociales y jurídicos que protejan los derechos colectivos de la ciudadanía.
La acción popular: origen y alcance
El recurso señala presuntas irregularidades en los convenios firmados entre el Municipio de Yopal y la empresa Catasig S.A.S., encargada de la actualización catastral. Según los demandantes, los avalúos generados han provocado incrementos desproporcionados en el impuesto predial, que afectan a miles de propietarios urbanos y rurales.
El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la acción popular el 1 de abril de 2025, vinculando al proceso al municipio, a Catasig S.A.S., al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a la Superintendencia de Notariado y Registro. Además, decretó medidas cautelares para proteger la moralidad administrativa, el debido proceso y la participación ciudadana.
La intervención del Procurador
En un documento de cuatro páginas, el Procurador Rincón Camacho solicitó formalmente intervenir en el proceso, con base en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. Su postura es clara: el catastro multipropósito no puede reducirse a un simple instrumento fiscal, sino que debe integrar cuatro componentes esenciales:
- Físico: identificación precisa de terrenos y construcciones.
- Jurídico: integración de la matrícula inmobiliaria y regularización de la tenencia informal.
- Económico: avalúos basados en estudios de mercado para una tributación justa.
- Social: participación de comunidades y organizaciones en el proceso.
Según el procurador, la actualización realizada en Yopal careció de un enfoque integral, generando inconformidades masivas y solicitudes de revisión de avalúos. “El catastro multipropósito carece, en este caso, de componentes económicos y sociales sólidos”, advierte el documento.
Peticiones y advertencias
El Ministerio Público pide al tribunal dos medidas principales:
- Aceptar su intervención para respaldar la defensa de los derechos colectivos frente a la contratación con Catasig y el cobro del predial.
- Ordenar una nueva caracterización de predios, ajustada a la realidad urbana y rural, con criterios objetivos y soportes técnicos.
Además, propone como prueba el testimonio del alcalde de Yopal, Luis Alfredo Cardozo Alfonso, quien deberá explicar los errores en los avalúos y justificar los incrementos que, en algunos casos, llegaron a superar el 4.6 millones por ciento.
Debate en la comunidad
La actualización catastral ha generado un fuerte debate desde comienzos de 2025. Concejales y ciudadanos han cuestionado la falta de socialización del proceso y la desproporción en los avalúos. Para críticos del modelo, la medida ha golpeado especialmente a sectores vulnerables, poniendo en riesgo la confianza ciudadana en la administración local.
De acogerse la intervención del procurador, el proceso podría retrasar el cobro del impuesto predial de 2026 y abrir la puerta a ajustes o descuentos en casos puntuales.
Por ahora, el Municipio de Yopal no ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras el Tribunal Administrativo continúa estudiando el caso, que se perfila como un precedente clave en la implementación del catastro multipropósito en Colombia.
