Por Wilson Acosta *
En Colombia, la discusión sobre la legalización del cannabis suele presentarse como una salida para reducir el narcotráfico y abrir un mercado regulado.
Sin embargo, equiparar la experiencia de países como Estados Unidos con nuestro contexto nacional es un error que
desconoce la realidad social, institucional y de seguridad que enfrentamos.
Mientras que en Estados Unidos la legalización se ha dado en medio de una fuerte capacidad institucional, con agencias de control y un mercado regulado por grandes compañías, en
Colombia el panorama es muy distinto. La debilidad de nuestras instituciones, la presencia de grupos armados y las redes criminales que dominan los territorios plantean un riesgo evidente: la legalización podría no eliminar el mercado ilegal, sino más bien diversificarlo.
La experiencia de Uruguay es un ejemplo que merece atención. Allí, tras la regulación estatal del cannabis, surgió un mercado paralelo que ofrecía productos con mayores
concentraciones de THC y acceso para menores de edad. Es decir, el mercado ilícito se adaptó y encontró nuevas formas de capturar la demanda que el Estado no podía satisfacer.
En Colombia, donde los controles son aún más débiles y el narcotráfico está profundamente arraigado, este escenario podría replicarse con mayor gravedad.
Otro aspecto preocupante es la normalización del consumo. Si bien la legalización se plantea bajo el argumento de la libertad individual, el riesgo es que los jóvenes —sector especialmente vulnerable— perciban el cannabis como una sustancia inocua por el simple hecho de ser legal. La evidencia científica ha demostrado que las altas concentraciones de THC están vinculadas con trastornos de ansiedad, depresión y casos de psicosis temprana.
En un sistema de salud como el colombiano, ya sobrecargado y desigual, esto podría
convertirse en una crisis silenciosa.
Finalmente, no se puede ignorar el papel de los grupos armados. Mientras en Estados
Unidos la legalización debilitó en parte el negocio del narcotráfico internacional, en Colombia podría ocurrir lo contrario: las bandas criminales encontrarían la manera de capturar el mercado juvenil, ampliar la distribución ilegal y hasta exportar cannabis de alta potencia por canales ilícitos.
La discusión no debe girar únicamente en torno a si se regula o no el cannabis, sino en torno a si el país tiene la capacidad real de controlar sus efectos colaterales. De lo contrario, la legalización podría ser una falsa solución que, lejos de disminuir el problema, lo complemente con nuevas formas de ilegalidad y de daño social.
*Wilson Acosta, Preventologo en adiciones.
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