El Juzgado 2o Laboral Municipal de Yopal declaró improcedente la tutela presentada por INDECO S.A.S. contra la Alcaldía de Yopal y el corregidor de El Charte, previo a una orden de demolición de obras ilegales de urbanismo adelantadas por dicha empresa en un predio en este sector del municipio, conocido como La Manareña.
La diligencia de demolición está prevista para este jueves 17 de septiembre de 2026, a las 4:00 de la mañana.
Aunque en su alegato, INDECO afirma que hay violaciones a derechos fundamentales y niega obras de urbanismo, afirmando que se trata de unm predio dedicado a labores agropecuarias, el Juzgado concluyó que la tutela no era el camino adecuado para discutir el asunto y que la controversia debe tramitarse por vía contencioso administrativa.
Así las cosas, el Juzgado declaró la improcedencia del mecanismo invocado por dicha empresa.
El caso tiene que ver con decisiones y controversias entre la Corregiduría de El Charte y la alcaldía contra casos de desorden de desarrollos urbanísticos que se presentan en dicha jurisdicción.
La Administración Municipal de Yopal ratificó de forma definitiva las sanciones urbanísticas sobre las intervenciones no autorizadas realizadas en el predio La Manareña, ubicado en la zona rural del municipio. Mediante la Resolución 333 del 11 de agosto de 2026, suscrita por el alcalde Marco Tulio Ruiz, la administración municipal confirmó en segunda instancia el fallo sancionatorio emitido por la Secretaría de Planeación.
La decisión deja en firme una multa de 350 millones de pesos, la orden de demolición de todas las obras e infraestructuras ejecutadas sin los permisos urbanísticos correspondientes, y la prohibición explícita de realizar acometidas o conexiones de servicios públicos mientras el terreno no cuente con las licencias vigentes requeridas por la ley.
La investigación y el papel de INDECO S.A.S.
El proceso administrativo se originó tras las inspecciones oculares e intervenciones técnicas de la Secretaría de Planeación Municipal en el predio rural La Manareña. Las autoridades evidenciaron movimientos de tierra, parcelaciones y trazados de vías que superaban las labores puramente agrícolas permitidas en el suelo rural sin la previa obtención de licencias de subdivisión o construcción.
Aunque la sanción recae formalmente sobre la empresa INDECO S.A.S. (representada legalmente por Linda Isabel Torres Zubieta), el proyecto ha estado rodeado de controversia pública por la participación de John Jairo Torres Aguilar («J.J. Torres»), exalcalde de Yopal conocido en el ámbito regional como «John Calzones». Torres, quien en el pasado enfrentó condenas judiciales por el delito de urbanización ilegal asociadas a desarrollos como Ciudad La Bendición, ha salido públicamente a asumir la defensa política y social de la iniciativa.
Durante la defensa del proceso, la empresa argumentó que algunas de las intervenciones encontradas en el terreno eran anteriores a su adquisición. Sin embargo, la resolución de segunda instancia desestimó estos alegatos, precisando que las normas de ordenamiento territorial aplican sobre la realidad física de la intervención, indistintamente de la denominación comercial que adopte la iniciativa o del momento de compra.
Tensión social: ¿Socios o compradores?
La controversia ha reabierto el debate sobre los modelos de captación y promoción de vivienda en la capital casanareña. Mientras el proyecto promociona la vinculación de adherentes bajo la figura comercial de «socios», las autoridades recuerdan que la necesidad de vivienda social no exime el cumplimiento estricto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Frente a la confirmación de la Resolución 333, J.J. Torres criticó públicamente la determinación de la Alcaldía de Yopal, alegando que la orden de frenar las obras y demoler lo construido afecta los recursos y la expectativa habitacional de más de 10.000 familias que se habrían vinculado como beneficiarias.
Por su parte, la Administración Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que no entregue dinero ni adquiera parcelas o lotes en proyectos que no exhiban de manera clara las licencias urbanísticas aprobadas, evitando así afectaciones patrimoniales ante las medidas cautelares de sellamiento y demolición que exige la normativa.
