La JEP emitió las primeras conclusiones por 313 ejecuciones extrajudiciales en el Casanare, cometidas por miembros de la Brigada 16 y algunos civiles entre 2005 y 2008. Entre dichas conclusiones estará la solicitud al Ministerio de Defensa para que les retire las medallas al general Henry Torres Escalante y a otros 21 militares que pertenecieron a dicha brigada, quienes las recibieron como premio por dar buenos resultados operacionales, sustentados con supuestas bajas en combate, que en realidad fueron asesinatos, desapariciones y torturas orquestadas para ganar reconocimientos.
Quitarle la medalla en Servicios Distinguidos al Orden Público a Torres Escalante, en vez de aceptar que él la devuelva, como lo ofreció en 2024, fue justamente una de las solicitudes que hicieron el sábado pasado las 27 familias que se reunieron en la Cámara de Comercio de Yopal para recibir el pedido de perdón de parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y del comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, en cumplimiento de varias sentencias de la justicia ordinaria. Hay que estar presente en un acto tan sobrecogedor para entender por qué el retiro de una medalla es muy significativo para menguar el dolor de padres, madres, esposas e hijos que llevan casi dos décadas buscando verdad, justicia y reparación por lo cometido contra sus seres queridos.
No obstante, lo de las medallas es algo menor frente a la tensión que quedó expuesta en un aspecto que contrasta en los testimonios de las víctimas respecto a los del ministro y el comandante. Mientras que para ellas dichos asesinatos fueron producto de una política sistemática del Estado, “no manzanas podridas”, y exigen que así sea reconocido públicamente, para ellos fueron errores de algunos exintegrantes de la Fuerza Pública que mancharon el honor militar al desconocer la doctrina y los principios.
En palabras del ministro Sánchez, quien con actitud empática hizo lo que calificó como “ofrecimiento de excusas públicas”, los 300 militares vinculados al caso de las 27 familias presentes representaban el 0,08 % de los 338.000 miembros de la institución para la época de los hechos, y el total de militares procesados por estos casos no excede el 0,5 % de quienes estaban en filas.
De otra parte, según el magistrado relator del macrocaso 3, Óscar Parra Vera, presente en el acto de excusas, está documentado que los ‘falsos positivos’ en diferentes regiones del país se hicieron con el mismo modus operandi y que no fueron hechos aislados sino estructuras que se enquistaron en las instalaciones militares, lo cual sería evidencia de su sistematicidad.
¿Cómo resolver la controversia sobre hechos que aún causan tanto dolor, que impactan el actual devenir político y de cuyo desenlace depende el éxito de las apuestas que haga el país por negociar la paz con grupos al margen de la ley? Ante todo considero importante no dar por sentados los actos de excusas, pues para llegar a este punto han debido zanjarse enormes grietas de desconfianza entre las víctimas y la institucionalidad. Además, no es un hecho menor que sea un ministro que durante 35 años portó el uniforme militar el que encabece la ceremonia. Si se ha llegado hasta acá, se puede llegar más lejos. Pero donde veo la mayor oportunidad de manejar la controversia es en las garantías de no repetición.
Si bien el Ejército obtuvo 69 % de confianza en la más reciente encuesta de Cifras y Conceptos con líderes de opinión, la realidad en los territorios golpeados por el conflicto podría ser diferente, a juzgar por los testimonios de algunas víctimas, que pidieron “un Ejército renovado para recobrar plenamente la confianza del pueblo al que juró proteger”. A juzgar por el mensaje del general Cardozo, la orden apunta en esa dirección: “Para los soldados que se encuentran en el desarrollo de operaciones militares esta debe ser una lección de vida”.
Claudia Palacios: Periodista – Magíster en Género – Autora – Conferencista. Dir. Mujeres Sin Filtro – RCN TV
