Por: My (R) José Alexander Pinto Bernal
El debate sobre el porte de armas en Colombia suele plantearse como una confrontación simple: prohibirlas para garantizar seguridad o permitirlas para defender la vida y los bienes. Sin embargo, la realidad territorial, especialmente en zonas rurales extensas como los hatos y sabanas de Casanare, exige una discusión más técnica, responsable y alejada de posiciones absolutas.
La restricción al porte de armas fue reforzada mediante medidas administrativas y decretos presidenciales que delegaron en las autoridades militares la facultad de suspender temporalmente los permisos de porte. Su objetivo era claro: reducir la presencia de armas en espacios públicos, prevenir riñas, disminuir homicidios y limitar las posibilidades de que armas legales terminaran involucradas en hechos delictivos.
En principio, la medida respondía a una preocupación legítima. Colombia ha vivido durante décadas los efectos de la violencia armada, del narcotráfico, de los grupos armados organizados y de estructuras criminales que han utilizado las armas como instrumento de control territorial. Por ello, restringir su circulación buscaba disminuir los riesgos asociados a la confrontación violenta y fortalecer el monopolio legítimo de la fuerza en cabeza del Estado. No obstante, después de varios años de aplicación, el país debe preguntarse si una restricción generalizada del porte legal ha producido los resultados esperados, particularmente en la reducción de homicidios cometidos con arma de fuego.
Las cifras de homicidio en Colombia demuestran que el arma de fuego continúa siendo el principal medio utilizado para causar muertes violentas.
De acuerdo con los reportes estadísticos de Medicina Legal y de la Policía Nacional, durante los últimos años el 80% de los homicidios del país se han cometido con arma de fuego, con variaciones según el año y el territorio. Este dato resulta esencial: aun en periodos de restricción amplia al porte legal, la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego se ha mantenido elevada. Esto permite concluir que la medida, por sí sola, no ha logrado desactivar las fuentes principales de violencia homicida.
La razón es sencilla: los homicidios asociados al sicariato, las economías ilegales, las disputas entre grupos criminales, la extorsión, el microtráfico, el control territorial y la acción de organizaciones armadas no dependen de permisos de porte expedidos legalmente. Quien asesina por encargo, transporta armas para una estructura criminal o intimida a una comunidad rural no solicita previamente autorización al Estado.
La restricción puede tener efectos preventivos sobre situaciones puntuales, como riñas o conflictos impulsivos en espacios urbanos. Sin embargo, no puede presentarse como una solución suficiente frente a la criminalidad organizada, que se abastece de armas provenientes del contrabando, el tráfico ilícito, los arsenales ilegales y el desvío criminal de armamento.
Armas ilegales y hechos delictivos
Una de las mayores dificultades del debate público consiste en mezclar las armas legalmente registradas con las armas ilegales usadas por la delincuencia. Son fenómenos distintos y requieren respuestas diferentes. Las investigaciones institucionales y los análisis de seguridad han señalado de manera consistente que una amplia mayoría de las armas incautadas en hechos delictivos no cuenta con permiso vigente, identificación verificable o trazabilidad legal. En términos generales, se estima que más del 92% de las armas vinculadas a delitos graves, especialmente homicidios, extorsiones y acciones de estructuras criminales, son ilegales, no están registradas o presentan números de identificación alterados.
Por el contrario, los delitos cometidos por titulares de armas amparadas, registradas y sometidas a controles estatales representan una proporción minoritaria que no supera el 8% de los casos. Esto no significa que el titular legal de un arma esté exento de responsabilidad. Todo uso indebido debe investigarse y sancionarse con rigor. Pero sí demuestra que el principal problema de seguridad no es el ciudadano que cumple los requisitos legales, sino el acceso criminal a armas sin registro ni control. La política pública debe concentrarse, entonces, en perseguir las redes de tráfico ilegal, mejorar la inteligencia contra organizaciones criminales, fortalecer la marcación y trazabilidad del armamento, controlar las fronteras y sancionar con eficacia a quienes porten armas sin autorización.
La realidad de Casanare
Esta discusión adquiere una dimensión especial en Casanare. El departamento posee una geografía amplia, rural y dispersa, con extensas sabanas, hatos ganaderos, vías secundarias y zonas donde la presencia institucional no siempre tiene la cobertura ni la rapidez que demandan las emergencias. Un productor ganadero que recorre una finca distante, un agricultor que transporta insumos o cosechas, un comerciante rural que moviliza dinero producto de sus ventas o una familia que habita una zona apartada enfrenta riesgos reales: abigeato, extorsión, hurto, invasión de predios, amenazas y presencia de actores delincuenciales. En muchos casos, una patrulla puede tardar horas en llegar, no por falta de voluntad de la autoridad, sino por las condiciones de distancia, infraestructura vial y disponibilidad operativa.
El Estado tiene el deber constitucional de proteger a todas las personas residentes en Colombia. Sin embargo, reconocer ese deber no obliga a desconocer sus limitaciones materiales. La Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y las autoridades locales cumplen una función indispensable, pero no pueden garantizar una reacción inmediata en cada hato, parcela, finca o corredor rural del país. Por ello, negar de manera absoluta la posibilidad de porte legal a personas que acrediten una necesidad objetiva de protección equivale a trasladarles el riesgo sin ofrecerles una alternativa efectiva. El ganadero amenazado, el agricultor víctima de extorsión o el productor que debe desplazarse por áreas aisladas no está pidiendo sustituir a la Fuerza Pública; está solicitando una herramienta excepcional y reglada para proteger su vida mientras llega la autoridad competente.
Levantar la restricción no significa armar sin control
Defender el levantamiento de la restricción general al porte no equivale a promover una sociedad armada ni a entregar armas sin requisitos. La propuesta razonable consiste en recuperar un sistema de autorización individual, estricto, verificable y basado en el análisis del riesgo.
El permiso de porte debe mantenerse como una excepción sometida a controles rigurosos. Entre ellos, la verificación de antecedentes judiciales y disciplinarios, evaluación médica y psicológica, capacitación certificada en manejo seguro, custodia obligatoria, renovación periódica del permiso y revocatoria inmediata ante cualquier uso irresponsable o pérdida de condiciones de idoneidad. También debe priorizarse a quienes demuestren un riesgo concreto, como productores rurales amenazados, comerciantes de zonas apartadas, transportadores de valores autorizados o ciudadanos con medidas de protección insuficientes frente a amenazas verificables. No se trata de reemplazar la política de seguridad con armas particulares, sino de complementar la protección estatal en circunstancias excepcionales.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. A su vez, el artículo 223 dispone que solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, y que nadie podrá poseerlas o portarlas sin permiso de la autoridad competente.
Esta norma no consagra un derecho irrestricto al porte de armas, pero tampoco ordena su prohibición absoluta. Por el contrario, reconoce que la posesión y el porte pueden existir dentro de un régimen estatal de permiso, control y responsabilidad. El uso legal, proporcional y responsable de un arma no debe entenderse como una licencia para ejercer violencia. Debe concebirse como una medida extrema de protección de la vida y los bienes, sujeta a controles estrictos y subordinada siempre a la ley.
Levantar la restricción generalizada al porte de armas, bajo criterios técnicos y permisos individualizados, puede ser una decisión equilibrada. No resolverá por sí sola la criminalidad; esa tarea exige combatir el tráfico ilegal de armas, fortalecer la justicia y ampliar la presencia estatal. Pero sí puede ofrecer una respuesta realista a ciudadanos rurales y productores que hoy enfrentan riesgos concretos mientras el Estado avanza hacia una capacidad efectiva de protección en todo el territorio nacional.
Mayor Veterano José Alexander Pinto Bernal
Mg Paz, desarrollo y ciudadanía.
Esp. adm. de recursos para la seguridad Nacional.
Director técnico de seguridad y convivencia de Casanare.
Asesor MinDefensa políticas de prevención.
