El páramo de Santurbán, vital por abastecer de agua a más de 2,3 millones de personas en Santander y Norte de Santander, vuelve al centro del debate nacional tras un fallo histórico que lo declaró “sujeto de derechos” hace un mes. Este reconocimiento, aplaudido por organizaciones ambientales, generó inquietud entre mandatarios locales, quienes se sienten presionados por las nuevas obligaciones impuestas
¿Qué busca la apelación?
El Ministerio de Ambiente, el pasado 21 de agosto, presentó una apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander, no para revocar el fallo, sino para aclarar cómo deben aplicarse sus disposiciones. Señalan que se trata de una acción técnica y constructiva, orientada a hacer viable el fallo con lineamientos claros y compatibles con la normativa ambiental vigente
El ministerio ya había solicitado una aclaración, pero el tribunal la rechazó al considerar que los temas planteados no eran materia de ese trámite procesal.
Principales puntos en discusión
Entre los ocho aspectos que el Ministerio pide revisar se destacan:
- Que quede claro que la protección se aplica al páramo en sí, no a zonas de transición o amortiguación, categorías no reconocidas por la legislación ambiental
- Que el fallo se armonice con otras medidas, como la reciente declaratoria de la Zona de Reserva de Recursos Naturales de carácter temporal (marzo de 2025).
- Que los plazos para implementar las medidas solo empiecen a correr una vez finalizada la delimitación participativa ordenada por la Corte Constitucional en 2017, todavía inconclusa
Reacciones en las regiones afectadas
El fallo ordena a los municipios de Vetas, California y Suratá modificar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en seis meses, para impedir cualquier actividad urbana, agropecuaria o minera en las zonas de páramo. Autoridades locales lo consideran poco realista.
Fabio Maldonado, director de Consotonorte (agrupación de empresarios, campesinos, mineros y ganaderos), señaló con preocupación: “Es absurdo que la sentencia exija en seis meses lo que el Ministerio no ha podido hacer en ocho años” infobae.
Valoración del Ministerio
Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente, recalcó que la protección del páramo no está en discusión. Afirmó: “Santurbán tiene voz propia desde hoy. Es un símbolo del agua, la vida y la dignidad ambiental. Como ministerio, asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”
Un reconocimiento con implicaciones amplias
Declarar al páramo como “sujeto de derechos” —es decir, un ente con reconocimiento jurídico propio— representa un gran avance para los colectivos ambientales al proporcionar una herramienta legal para protegerlo de proyectos extractivos. No obstante, el reto sigue siendo compatible esta protección con las realidades económicas y sociales de las comunidades que dependen de la minería o la agricultura.
