Una denuncia ciudadana solicita verificar los cambios en la lista de aspirantes, la aplicación de requisitos y las garantías de la prueba de conocimientos para elegir al contralor departamental 2026-2029.
Una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pidió verificar posibles riesgos de falta de transparencia en la convocatoria para elegir al contralor de Casanare para el periodo 2026-2029, particularmente en la admisión de candidatos y las garantías de evaluación.
El documento, fechado el 24 de octubre de 2026, advierte que la lista de aspirantes cambió después de la etapa de reclamaciones: de 62 inscritos, inicialmente fueron admitidos 29 y rechazados 33; posteriormente, el listado definitivo registró 46 admitidos y 16 no admitidos.
Entre los aspectos que generan dudas están el cambio en las cifras de aspirantes admitidos y no admitidos entre las resoluciones ADC 058 del 13 de octubre y ADC 060 del 16 de octubre, así como la necesidad de esclarecer si las reclamaciones fueron evaluadas con criterios uniformes y debidamente documentados. La denuncia también plantea interrogantes sobre la información suministrada a los participantes para presentar la prueba de conocimientos, la trazabilidad y custodia del examen, y las garantías de transparencia en su aplicación y calificación. Estos elementos, según la ciudadana, «requieren una revisión preventiva para establecer si el proceso se desarrolló bajo condiciones de igualdad, objetividad y publicidad, sin que la denuncia por sí sola constituya prueba de que se hayan cometido irregularidades».
El documento también pone de presente dos casos que, según información publicada por medios regionales, generaron cuestionamientos sobre la verificación documental.
El primero corresponde a Carlos Fredy Mejía Rivera, quien habría reclamado su inadmisión por no presentar la tarjeta o matrícula profesional. De acuerdo con la denuncia, el aspirante sostuvo que había aportado su título profesional y una certificación relacionada con el trámite de matrícula. El segundo caso es el de Carlos Alonso Camargo Rodríguez, quien habría solicitado revisar su expediente porque, según su reclamación, el formulario de inscripción firmado ya contenía las autorizaciones para el tratamiento de datos personales y la consulta de antecedentes que se consideraron ausentes.
El escrito también hace referencia a versiones que circulan en espacios políticos locales sobre una supuesta predeterminación de la terna de candidatos. En ese contexto, menciona los nombres de Humberto Alirio Martínez y Mirama López Zamudio.
La denunciante solicita esclarecer las razones de esas variaciones y comprobar que los requisitos se hayan aplicado con criterios uniformes. También pide verificar si todos los aspirantes recibieron información suficiente y oportuna sobre la prueba de conocimientos, prevista para el 25 de octubre y cuyo resultado representa el 60 % de la calificación final, además de tener carácter eliminatorio.
Entre las medidas solicitadas están revisar los protocolos de custodia y calificación del examen, preservar los documentos del proceso y garantizar la trazabilidad de los resultados y las reclamaciones.
La comunicación fue remitida con copia a la Universidad Nacional de Colombia, encargada de la operación técnica de la convocatoria, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental.
