Entre enero y abril de 2025, se registraron 22 masacres, 69 asesinatos de líderes sociales y 20 homicidios de firmantes del acuerdo de paz
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta sobre el preocupante incremento de la violencia en el país durante los primeros cuatro meses de 2025, destacando un panorama crítico que afecta a diversas regiones y comunidades.
Masacres en aumento
Según el informe, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025, se perpetraron 22 masacres que dejaron un saldo de 67 víctimas mortales. Los departamentos más afectados fueron Norte de Santander y Valle del Cauca, con cinco masacres cada uno, seguidos por Antioquia con cuatro, y Santander y Cauca con dos cada uno. Además, se reportó una masacre en Bogotá D.C., La Guajira y Meta.
Asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz
El informe también destaca el asesinato de 69 líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el mismo periodo. Aunque se observa una ligera disminución mensual en estos crímenes—17 en enero, 18 en febrero, 20 en marzo y 14 en abril—la cifra acumulada desde enero de 2016 hasta abril de 2025 asciende a 1.557 casos, evidenciando la persistencia de esta problemática.
En cuanto a los firmantes del acuerdo de paz, se registraron 20 asesinatos a nivel nacional. Norte de Santander lidera esta lamentable estadística con seis casos, seguido por Antioquia con cinco y Huila con tres. Otros departamentos como Arauca, Meta, Cauca, Vichada y Casanare también reportaron entre uno y dos casos cada uno.
Llamado urgente a la acción
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas y efectivas que garanticen la protección de las comunidades en riesgo, la vida de los líderes sociales y la implementación efectiva del acuerdo de paz. La entidad enfatiza la necesidad de fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas y de implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia.
Este informe se suma a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos en Colombia, en un contexto donde diversas regiones enfrentan desafíos significativos debido a la presencia de grupos armados ilegales y la falta de garantías para la población civil.
