El proceso de delimitación participativa del Páramo de Pisba dio un paso histórico tras ocho días de trabajo conjunto entre comunidades campesinas, autoridades locales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las jornadas se desarrollaron en los municipios de Sácama, Támara y La Salina (Casanare), y Labranzagrande (Boyacá), donde se alcanzaron consensos fundamentales sobre los límites del páramo y las estrategias de protección ambiental.
Con estos avances, ya son cuatro de los trece municipios vinculados al proceso que han logrado acuerdos significativos dentro de este ejercicio participativo liderado por el Ministerio de Ambiente.
Los puntos concertados incluyen la delimitación del área de referencia a escala 1:25.000, las medidas de sustitución y reconversión de actividades productivas, los parámetros de protección hídrica, el sistema de fiscalización, la instancia de coordinación y el modelo de financiación.
“En estas mesas de diálogo deliberativo hubo una participación muy activa de la comunidad y de las instituciones presentes. Esta fase de concertación continuará en los otros nueve municipios de Boyacá”, explicó Jairton Díez Díaz, asesor de la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez Torres.
Las primeras jornadas se realizaron en Sácama (28 de septiembre), Támara (1 de octubre), La Salina (3 de octubre) y Labranzagrande (4 de octubre). Durante estos encuentros, los actores sociales e institucionales dialogaron sobre seis temas prioritarios que orientan la delimitación del páramo y adoptaron decisiones conjuntas basadas en criterios técnicos y ambientales.
El Páramo de Pisba, ubicado entre Boyacá y Casanare, es uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes del país. Su delimitación busca garantizar la conservación de fuentes hídricas vitales para comunidades locales y para el abastecimiento de agua en amplias zonas del oriente colombiano.
El Ministerio de Ambiente anunció que continuará abriendo espacios de concertación en los nueve municipios restantes de Boyacá, con el propósito de avanzar en una delimitación participativa, equitativa y ambientalmente sostenible, en la que las comunidades tengan voz directa en las decisiones sobre su territorio.
