El archivo por cuarta ocasión del proyecto de superávit presentado por el Gobierno Departamental no solo refleja un revés administrativo, sino que pone de relieve una serie de tensiones políticas que atraviesan la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea de Casanare.
1) FALLO LA NEGOCIACION POLITICA
En primer lugar, el hundimiento de la iniciativa evidenció la ausencia de un interlocutor político válido que asuma la tarea de tender puentes entre el Gobierno y la Corporación. El entorno de Cesar Zorro no entiende que la Asamblea es, en esencia, un escenario de transacción política, donde el debate y la negociación son necesarios para construir consensos.
Hay que decirlo, primó la confianza en un discurso inicial de “paz política” por parte del Gobernador, vale recordar sus palabras al recibir la credencial por parte de la registraduría “a mí no me hablen de mayorías y minorías, yo quiero trabajar con todos, quiero que en la asamblea se den debates con altura”. Pero ni el, ni los secretarios, ni sus asesores entendieron la gestión política requerida para sostener mayorías y garantizar acuerdos.
Resultado, a final de primer año se rompieron las mayorías de gobierno.
Y si el gobierno no tiene un negociador con experiencia y manejo, por el lado de las mayorías de asamblea se había designado al diputado Jorge García, que en palabras de un funcionario de la administración departamental que pidió no mencionáramos su nombre dijo “el intento de negociación fracaso porque las condiciones planteadas por Jorge García excedían las posibilidades del gobierno departamental”. Lo mas grave es que Garcia era el ponente y se centró más en imponerse que en generar consensos.
2) EL GOBIERNO SIN ESTRATEGIA
A ello se suma que la respuesta del Gobierno fue tardía y limitada. Desde la radicación del primer proyecto en febrero, la sustentación se redujo a explicaciones de carácter técnico, sin una estrategia de comunicación política que tradujera esos argumentos en narrativas comprensibles y persuasivas para la opinión pública y los diputados. Salvo contadas excepciones, como la intervención de la directora de Acción Social, Mayra Ramírez, quien defendió el superávit mostrando su impacto en la atención al adulto mayor, comparando la ejecución del programa con gobiernos anteriores en especial en el gobierno de Alirio Barrera, con argumentos que desarmaron a la diputada Marisela Duarte.
También habría que salvar la defensa dada por el secretario de Infraestructura Álvaro Rivera, que hizo varios pronunciamientos que además de dar sustento técnico y más que dirigirse a los diputados, le hablaba a la gente.
En la sesión de ayer, los asistentes y seguidores del gobierno se quedaron esperando que la secretaría de hacienda evidenciara contundentemente las imprecisiones de los diputados al argumentar los errores del proyecto. Esa falta de comunicación política reforzó la percepción de que el gobierno veía el trámite presupuestal como un ejercicio meramente administrativo, y no como un pulso político.
3) MESA DIRECTIVA POCO CONCILIADORA Y ACOSADA POR LAS DEMANDAS
El tono de la Mesa Directiva de la Asamblea también jugó un papel relevante. El Presidente de la corporación y ponente del proyecto Juan Fernando Mancipe y el diputado «rojo» Jorge García adoptaron un estilo soberbio y confrontacional, con críticas recurrentes sobre la falta de ejecución y planeación. Curiosamente ambos diputados, son los mas jóvenes y ambos prácticamente inician su trayectoria laboral y política en la Corporación sin un bagaje previo en la gestión de lo público. La ausencia de un talante conciliador impidió abrir un espacio real para la negociación y terminó ampliando la brecha entre el asamblea y el gobierno departamental.
Adicionalmente uno de los argumentos que reiterativamente trajeron los diputados Mancipe y Garcia, era el cuidado que debían tener, pues temían futuras demandas, recordando que Garcia tiene dos demandas de perdida de investidura y mancipe esta en el ojo del huracán por cuenta del proceso de elección de contralor.
4) PULSO POLITICO POR LA ELECCION DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL
Desde que la mesa directiva de la asamblea dio a conocer que ya se tenía a la Universidad de Cartagena para operar la elección de contralor departamental, se han desatado todo tipo de criticas que han escalado a los estrados judiciales, hasta el punto de que el proceso de elección se suspendiera por orden judicial. Con este proceso en medio y con la fuerte rivalidad entre diputados de gobierno y opositores, el proyecto de superávit termino pagando los platos rotos, pues quedo en medio del fuego cruzado. Un diputado con el que hablamos nos manifestó off de record “ aquí lo que pasa es que los liberales quieren la contraloría”, solo que surge un detalle, tanto Jorge Gracia como Luz Mery Niño estarían impedidos pues tienen parientes con procesos abiertos en la contraloría departamental y aunque no pueden votar, condicionan el tema contraloría, con el apoyo a los demás proyectos.
5) LA AGENDA DE CENTRO DEMOCRATICO Y LIBERALES
Finalmente, el episodio debe leerse a la luz de la coyuntura electoral. En marzo de 2026 se renovará el Congreso y el Centro Democrático buscará mantener su representación en Casanare, con una curul en Senado y otra en Cámara, así como el partido liberal buscará mantener su curul en la Cámara.
En este escenario, sectores políticos han encontrado en la Asamblea un espacio para debilitar la gobernabilidad departamental y restarle capital político al Ejecutivo, con el propósito de llegar con ventaja a la contienda. Sin el control de la burocracia ni del presupuesto, la oposición ha optado por obstaculizar iniciativas clave como el superávit, en lo que constituye una estrategia de desgaste político más que un simple debate técnico.
En conclusión, el archivo del proyecto de superávit revela la compleja interacción entre técnica y política en el ejercicio del poder local. Más que un resultado administrativo, el desenlace refleja la falta de interlocución efectiva, los déficits de comunicación política, el estilo confrontacional de la Asamblea y las tensiones propias de un contexto preelectoral que ya marca la agenda política de Casanare.
