El exgobernador fue condenado por delitos relacionados con la contratación pública, el enriquecimiento ilícito y sus nexos con estructuras paramilitares. Tras más de 17 años privado de la libertad, un juzgado le concedió la libertad por pena cumplida.
William Hernán Pérez Espinel, quien gobernó Casanare entre 2001 y 2003, está a pocos días de abandonar la prisión después de una trayectoria política que terminó marcada por cuatro condenas de la Corte Suprema de Justicia y por las investigaciones que lo relacionaron con la financiación y el favorecimiento de estructuras paramilitares en el departamento.
El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta, le concedió la libertad por pena cumplida y estableció que la decisión tendrá efectos a partir del 25 de octubre de 2026. La expedición de la boleta de libertad está condicionada a que el establecimiento penitenciario verifique que no exista otro requerimiento judicial vigente contra el exmandatario.
Su salida marca un nuevo capítulo en uno de los capítulos más representativos de la relación entre política, contratación pública y grupos armados ilegales en Casanare. La decisión corresponde al cumplimiento de la pena que lo mantuvo por casi 20 a{ps privado de la libertad, pero con el recuerdo vigente de los casanareños y el afecto intacto de muchos de sus seguidores.
De periodista y funcionario a gobernador de Casanare
Abogado, periodista y político, Pérez Espinel llegó a la Gobernación tras construir una trayectoria en la administración pública regional. Durante la década de 1990 se desempeñó como secretario privado del gobernador Emiro Sossa y fue gobernador encargado en 1995 y 1996.
En octubre de 2000 ganó las elecciones a la Gobernación y asumió el cargo el 1 de enero de 2001. Durante su mandato promovió el plan de desarrollo departamental Casanare con Alma de Pueblo, que tenia como pilares fortalecer la inversión pública, la educación superior, el manejo del agua, el desarrollo urbano y la modernización del sector agropecuario.
Sus pañoletas en el cuello, los colores amarillo y azul claro y el caballito con la bandera de Casanare fueron parte de la huella imborrable de su administración.
En enero de 2002, al presentar un balance de su primer año de gestión, el propio gobernador aseguró que había ejecutado el 100 % del presupuesto de 2001, que ascendía a $319.000 millones. También destacó el pago de la deuda pública con recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), una operación que, según explicó entonces, permitiría liberar cerca de $35.000 millones adicionales para inversión, y fue justamente esta visión económica la que le permitió desarrollar obras en todo el departamento, obras que además eran visiblemente identificadas con las vallas que llevaban sus colores y su logo.
Con el paso de los años, el juicio sobre su gestión quedó nublado por los procesos penales que investigaron contratos celebrados durante su gobierno y las relaciones de su entorno político con organizaciones armadas ilegales.
Los nexos con las Autodefensas Campesinas de Casanare
Uno de los aspectos más graves del caso fue la relación de Pérez Espinel con las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), organización paramilitar vinculada a Héctor Buitrago, conocido como Martín Llanos.
La primera condena de la Corte Suprema, emitida el 28 de octubre de 2009, lo declaró responsable de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La decisión se produjo después de que aceptara los cargos y abordó hechos relacionados con el ejercicio de la Gobernación entre 2001 y 2003. El expediente incluyó hechos relacionados con contratos y convenios en los que intervinieron la Universidad de Cartagena y las cooperativas PROTEGER y COOESPRO, además de conductas asociadas con el favorecimiento de terceros y la financiación de grupos armados ilegales.
Las investigaciones sobre la parapolítica en Casanare situaron este caso en un contexto de presión de las autodefensas sobre candidatos, comunidades y administraciones públicas. Las relaciones entre sectores políticos y grupos paramilitares no solo afectaron la competencia electoral, sino que también plantearon interrogantes sobre el destino de los recursos públicos y el control territorial ejercido por esas estructuras, al punto de que en 2003 se hizo pública la investigación por el llamado “Pacto de Casanare”, un acuerdo firmado por dirigentes políticos con las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), comandadas por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. El pacto contemplaba compromisos de apoyo político y cuotas burocráticas y económicas para la organización paramilitar.
No solo William Pérez sucumbió en su carrera política entre los procesos judiciales, también los exalcaldes Aleyder Castañeda Ávila, Jorge Eliécer López Barreto, Henry Montes Montes, Mauricio Esteban Chaparro, Raúl Cabrera Barreto y Leonel Roberto Torres Arias. También resultaron salpicados por estos nexos Efrén Hernández Díaz, condenado en 2014, y José Mauricio Jiménez Pérez, condenado en 2011.
En 2018, Pérez Espinel solicitó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la jurisdicción inadmitió su solicitud en 2022. Por tanto, sus condenas continuaron bajo la justicia ordinaria y no obtuvo el tratamiento penal especial que buscaba mediante ese mecanismo.
El Nuevo Oriente conoció que el 22 de enero de 2026 la defensa de Pérez Espinel había solicitado su libertad, la cual fue negada bajo el argumento de no constar los actos de reparación a las víctimas, decisión que fue apelada en su momento, recibiendo una respuesta negativa, pues «sus conductas afectaron la confianza ciudadana en las instituciones de Casanare».
Sin embargo, el despacho determinó que el 25 de octubre de 2026 Pérez Espinel habrá cumplido la totalidad de la pena impuesta, lo que permite al recordado exmandatario recuperar su libertad.
Ahora la pregunta que se escucha en el ámbito político es: ¿Qué tanto poder político le queda a Pérez? ¿Qué tanto incidirá en las próximas elecciones regionales? El cariño, sin duda, sigue vivo, pero sus votantes aún le seguirán, y más importante aún, querrá William regresar a la arena política.
