La solicitud fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Casanare y cuestiona la participación de la concejal en el trámite de recusaciones contra otros cabildantes.
La concejal de Yopal Yuly Yamary Barón Vargas enfrenta una solicitud de pérdida de investidura por presunta violación del régimen de conflicto de intereses. La petición fue presentada el pasado 9 de octubre de 2026 ante el Tribunal Administrativo de Casanare y busca que se declare que la cabildante incurrió en una causal que podría llevarla a perder su curul.
El escrito sostiene que Barón habría intervenido en el trámite y decisión de recusaciones formuladas contra once concejales, relacionadas con la controversia entre integrantes del Concejo y la secretaria de Infraestructura de Yopal, Adriana Hernández.
Según el demandante, la concejal habría tenido un interés moral particular en el asunto, circunstancia que, a su juicio, podía comprometer su imparcialidad al participar en actuaciones institucionales relacionadas con esa disputa.
Los argumentos contra la concejal
La solicitud se apoya principalmente en seis aspectos: la relación personal que Barón ha expresado públicamente con el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño; sus pronunciamientos previos sobre la controversia con la secretaria de Infraestructura; el rechazo a una recusación presentada directamente en su contra; su presunta participación en actuaciones de la Comisión Especial de Ética; el conocimiento que tendría de las normas sobre impedimentos y conflictos de intereses, y los cuestionamientos del demandante a la explicación de que sus declaraciones obedecían a una defensa general de los derechos de las mujeres.
Entre los elementos aportados figuran publicaciones en redes sociales en las que la concejal se refiere al alcalde como un “gran amigo”, además de registros y documentos relacionados con sus intervenciones públicas de julio de 2026.
La demanda también señala que Barón fue recusada el 21 de julio y que, al día siguiente, respondió que no aceptaba la recusación. El solicitante considera relevante establecer si continuó interviniendo en actuaciones relacionadas con el caso después de conocer formalmente ese cuestionamiento.
Otro argumento se relaciona con su experiencia jurídica y sus actuaciones anteriores en materia de impedimentos. El demandante pretende demostrar que la concejal conocía las reglas aplicables y comprendía la importancia de apartarse de una actuación cuando existieran circunstancias que pudieran comprometer su imparcialidad.
El Tribunal tendrá que determinar si existía un interés particular, directo y actual en los términos exigidos por la ley, si hubo participación efectiva en las decisiones cuestionadas y si la conducta fue dolosa o gravemente culposa.
La controversia judicial se produce pocos meses después de la llegada de Barón al Concejo Municipal. La abogada asumió la curul el 17 de junio de 2026, en reemplazo de Felipe Becerra, quien renunció a su curul.
Antes de posesionarse, Barón se desempeñaba como jefe de Control Interno del Instituto Financiero de Casanare (IFC), cargo que dejó para asumir la representación política en la corporación municipal.
La llegada de Barón al Concejo también estuvo antecedida por una controversia política dentro del Nuevo Liberalismo en Casanare. Tras la renuncia de Becerra, Jorge Miguel Yabrudy manifestó públicamente que había sostenido conversaciones con Barón sobre la posibilidad de ocupar la curul.
Según la versión de Yabrudy, inicialmente ella le habría expresado dificultades para asumir el cargo debido a sus compromisos laborales y le habría planteado que él ocupara el escaño. Por su parte, Barón negó que hubiera incumplido compromisos y explicó que su decisión respondía a la responsabilidad legal y política que implicaba asumir la representación.
