El asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido popularmente como “Jhon Calzones”, dejó de ser para las autoridades un caso limitado a identificar a los dos hombres que llegaron en motocicleta hasta su finca.
Seis días después del crimen, la investigación apunta hacia una eventual estructura criminal que habría planificado el ataque y utilizado a un adolescente para ejecutarlo.
Torres fue asesinado el 29 de septiembre, cuando se encontraba en su finca La Selvita, en zona rural de Yopal. Según la reconstrucción de la Fiscalía, dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos, que habría ingresado bajo el argumento de comprar carne, disparó varias veces contra el exalcalde. La motocicleta sufrió posteriormente un daño mecánico durante la huida, lo que permitió que la comunidad retuviera al adolescente de 17 años y lo entregara a la Policía.
El joven fue presentado ante un juez de control de garantías por una fiscal de la Seccional Casanare.
La Fiscalía le imputó homicidio agravado y porte o tenencia de armas de fuego. El adolescente aceptó los cargos y quedó bajo internamiento preventivo en un centro especializado, dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Pero ese resultado judicial apenas resuelve una parte del expediente.
Una motocicleta y un segundo homicidio
Uno de los primeros interrogantes surgió alrededor de la motocicleta utilizada en el ataque.
Las autoridades establecieron que el vehículo había sido reportado como hurtado en Paz de Ariporo y estaba relacionado con el asesinato de Bernabé Jiménez, ocurrido el 28 de septiembre, un día antes del crimen de Torres.
La coincidencia abrió una línea para establecer si ambos homicidios fueron parte de una misma operación criminal. La Fiscalía incluso mantiene al adolescente bajo investigación por su eventual relación con la muerte de Jiménez.
Las cámaras de seguridad y el sistema de reconocimiento de placas de Yopal también se convirtieron en piezas relevantes.
Los registros permitieron seguir los desplazamientos de la motocicleta, reconstruir parte de la ruta de los sospechosos y establecer movimientos previos al ataque. La recompensa ofrecida por las autoridades llegó a $80 millones, sumando los $50 millones anunciados por el departamento y los $30 millones de la Alcaldía de Yopal.
La primera pista: una orden desde una cárcel
La propia Fiscalía informó inicialmente que, de manera preliminar, existía información según la cual el homicidio habría sido ordenado por una persona privada de la libertad y que las actividades de policía judicial buscaban comprobar esa hipótesis.
En esa ruta apareció el alias “Mara”, señalado en versiones recogidas durante la investigación como posible coordinador del crimen y relacionado con un hombre privado de la libertad en Boyacá. Medios regionales identificaron a esta persona como José Alcides Ramírez.
Sin embargo, la situación exige cautela: aunque “Mara” aparece dentro de la investigación, no existe hasta ahora una decisión judicial que establezca que él ordenó el homicidio. Incluso las informaciones nacionales más recientes señalan que esta línea continúa en verificación.
El giro hacia las disidencias
La investigación tomó posteriormente un nuevo rumbo. Un expediente policial conocido por medios nacionales relaciona al segundo hombre que habría participado en el ataque con estructuras de las disidencias de las Farc asociadas a “Iván Mordisco”.
Las pesquisas habrían permitido identificar al conductor de la motocicleta como alias “Eduar”, quien permanece prófugo y estaría relacionado con estructuras disidentes. Videos, elementos materiales y un teléfono incautado aparecen entre los elementos utilizados para avanzar en esa identificación.
A partir de esa pista surgió una hipótesis todavía más delicada: que el crimen pudiera estar relacionado con una disputa por el pago de extorsiones.
Según la versión citada por varios medios nacionales, una de las hipótesis de los investigadores es que alias “Antonio Medina” habría ordenado el asesinato porque Torres presuntamente estaba pagando extorsiones al ELN y no a la estructura vinculada con “Mordisco”.
Pero aquí también existe una advertencia fundamental: el expediente no establece de manera concluyente ni el móvil ni quién impartió la orden. La versión permanece bajo verificación y no puede presentarse como una responsabilidad determinada.
Las amenazas que había denunciado
Otra pieza del rompecabezas son las amenazas que Torres había manifestado públicamente antes de su muerte.
Su abogado Juan Álvaro Álvarez aseguró que el exalcalde había denunciado ante la Fiscalía amenazas que atribuía a integrantes de las Farc y que había adelantado gestiones ante la Unidad Nacional de Protección para obtener medidas de seguridad.
Según el abogado, se habían entregado videos y otros elementos como soporte de esas denuncias.
Los investigadores también revisan las actividades recientes de Torres, sus negocios, movimientos relacionados con tierras y sus publicaciones en redes sociales.
Una de las posibilidades que se analiza es que la información que difundía sobre su rutina y permanencia en la finca hubiera permitido a los responsables determinar cuándo podían encontrarlo en La Selvita.
¿En qué punto está la investigación?
La Fiscalía tiene hoy una parte importante de la cadena criminal identificada: existe un adolescente judicializado que aceptó haber participado en el homicidio, mientras el otro supuesto ejecutor continúa prófugo.
Lo que todavía falta establecer es mucho más complejo: quién organizó el ataque, quién lo financió, quién impartió la orden y cuál fue exactamente el motivo para convertir a J.J. Torres en objetivo.
La investigación, por tanto, mantiene abiertas varias rutas. Una conduce a una presunta coordinación desde una cárcel; otra apunta hacia integrantes de estructuras disidentes y una posible disputa por extorsiones. A estas se suman las amenazas previamente denunciadas, el asesinato de Bernabé Jiménez y la utilización de la motocicleta hurtada.
El desafío para la Fiscalía será convertir esas coincidencias y testimonios en evidencia judicial suficiente para determinar la cadena de mando. Por ahora, el expediente permite hablar de hipótesis, no de culpables intelectuales establecidos.
La captura del adolescente puede ser el primer eslabón de la investigación, pero la pregunta central permanece intacta: ¿quién ordenó matar a J.J. Torres y por qué? Las próximas actuaciones de policía judicial y la eventual captura del segundo hombre podrían resultar decisivas para responderla.
Y mientras el lío jurídico se resuelve… avanza otra disputa relacionada con el «capital político» de J.J. Torres: ¿quién asume las banderas de un grupo de simpatizantes con poder electoral y que ya comienza a ser mirado con codicia electoral por parte de muchas personas…?… eso será asunto de próximas publicaciones…
