La decisión del organismo de control mantiene la responsabilidad del constructor del proyecto y declara responsables a dos supervisoras y al interventor. También confirma el fallo sin responsabilidad para varios exfuncionarios.
La Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República modificó el fallo relacionado con el proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, en Yopal, y estableció nuevas responsabilidades fiscales por las irregularidades detectadas durante su ejecución.
La decisión está contenida en el Auto ORD-801119-287-2026 del 15 de septiembre de 2026, mediante el cual la Contraloría revisó las decisiones adoptadas en julio dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF-801112-2019-35069.
Responsabilidad para cuatro involucrados
La Contraloría confirmó la responsabilidad fiscal de Iader Wilhelm Barrios Hernández, constructor y cogestor del proyecto, por $11.346 millones en valor histórico, suma que actualizada asciende a $18.718 millones. La responsabilidad fue establecida a título de culpa grave.
Además, la Sala revocó decisiones anteriores que habían dejado sin responsabilidad fiscal a Narda Consuelo Perilla Alonso, Sandra Lorena Cruz Quintero y Julián Javier Daza López.
- Sandra Cruz: $1.001 millones históricos; $1.652 millones actualizados.
- Julián Daza: $7.541 millones históricos; $12.442 millones actualizados.
La Contraloría señala que estas responsabilidades son solidarias con Barrios Hernández, hasta el límite de las cuantías individualmente atribuidas.
¿Qué pasó con los demás investigados?
La Sala confirmó los fallos sin responsabilidad fiscal para varios exfuncionarios, entre ellos los exgerentes del IDURY Alexander Cortés Medina, Rafael Nayib Fonseca Saad y Didier Mauricio Montoya Campos, así como Jenny Consuelo Barrera Roldán, Renso Daniel Huesa Sana, Óscar Raúl Iván Flórez Chávez y Rodrigo Flechas Ramírez.
También fueron mantenidos sin responsabilidad DIARCO y la Cooperativa de Profesionales de Colombia “Creer en lo Nuestro”, vinculadas a contratos de consultoría del proyecto.
El problema de fondo
La Contraloría concluyó que el detrimento no debía analizarse únicamente a partir de fallas individuales de construcción, sino considerando que la inversión pública no cumplió plenamente la finalidad para la que fue destinada: entregar soluciones de vivienda funcionales y seguras.
El organismo señaló que las deficiencias constructivas y las condiciones en que terminó el proyecto afectaron su funcionalidad y utilidad social. La decisión también modificó la situación de las aseguradoras.
La Previsora fue declarada tercero civilmente responsable frente a las pólizas de Perilla y Cruz, mientras que Nacional de Seguros mantiene esa condición respecto de la garantía del constructor. La providencia ordena adelantar el trámite para incluir a Iader Barrios, Narda Perilla, Sandra Cruz y Julián Daza en el Boletín de Responsables Fiscales. Contra esta decisión no procede recurso, según lo señalado por la propia Contraloría.
