En noviembre de 2025, varios medios colombianos divulgaron información sensible que, según sus reportes, provendría de computadores y dispositivos incautados a la disidencia de las FARC conocida por el alias “Calarcá”. Los archivos —correos, mensajes y documentos internos— apuntarían a presuntos vínculos entre miembros de este grupo armado y altos funcionarios del Estado, incluyendo militares y personal de inteligencia. Las revelaciones desataron reacciones políticas, solicitudes de investigación y un fuerte debate nacional.
¿Quién es alias “Calarcá”?
“Calarcá” es uno de los mandos visibles de las disidencias de las FARC, estructuras armadas que continúan operando tras la firma del Acuerdo de Paz y que están vinculadas con actividades criminales y disputas territoriales. Los documentos filtrados habrían sido encontrados en equipos electrónicos usados por este grupo, según los medios.
¿Qué información habría dentro de los archivos?
Las publicaciones periodísticas destacan varios hallazgos que generan preocupación:
1. Correos y chats internos: En los dispositivos se mencionan comunicaciones entre miembros de la disidencia y presuntos contactos con personal militar o estatal. Muchos mensajes describen coordinaciones o intercambio de información.
2. Reuniones y logística: Algunos mensajes hablarían de encuentros con altos mandos, creación de empresas de seguridad y planes para “legalizar” combatientes.
3. Filtración de información del Estado: Documentos atribuidos a la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia sugerirían que la disidencia habría recibido información reservada que le permitió anticipar operativos oficiales.
4. Referencias políticas: Algunas comunicaciones mencionan temas como financiamiento, reuniones y posibles apoyos a campañas electorales. Estos aspectos, sin embargo, se mantienen bajo investigación y aún no han sido confirmados oficialmente.
¿Quiénes estarían implicados?
Los reportes tuvieron impacto por los nombres mencionados en los archivos. Entre ellos destacan: General (r) Juan Miguel Huertas, a quien se le atribuyen comunicaciones con la disidencia para coordinar encuentros y negocios. Wilmar Mejía, funcionario vinculado a organismos de inteligencia, cuyo nombre aparece repetidamente en correos y chats. Ambos han sido señalados en medios como posibles nexos entre el grupo armado y agentes del Estado.
¿Cómo han reaccionado las instituciones?
Ministerio de Defensa: anunció una investigación interna para establecer la veracidad de las acusaciones.
Fiscalía: informó que revisa los documentos divulgados para determinar si existe base legal para abrir procesos formales.
Los implicados: negaron rotundamente los señalamientos y aseguraron que los mensajes pueden estar manipulados o haber sido sacados de contexto. También pidieron respeto por el debido proceso.
Las dudas que todavía existen
A pesar del volumen de información filtrada, hay preguntas esenciales que deben resolverse antes de confirmar la autenticidad de los hallazgos:
Cadena de custodia: no se ha especificado cuándo, dónde y cómo fueron incautados los dispositivos, ni quién los ha custodiado.
Peritaje forense: se requiere análisis técnico para verificar metadatos, firmas digitales, direcciones IP y autenticidad de los archivos.
Interpretación de los mensajes: no está claro si todos los nombres corresponden a personas reales, cargos oficiales o alias internos.
Posible manipulación política: el momento y la forma de la filtración abren la puerta a hipótesis sobre un uso selectivo de la información para afectar a determinadas figuras.
¿Qué consecuencias podría tener este caso?
Políticas: Si se comprueba que hubo colaboración directa entre funcionarios del Estado y la disidencia, el país podría enfrentar una crisis institucional con exigencias de sanciones, destituciones y posibles renuncias.
De seguridad: La supuesta filtración de información reservada pondría en riesgo la efectividad de las operaciones contra grupos armados ilegales.
Judiciales: De verificarse los hechos, podrían presentarse cargos por delitos como concierto para delinquir, corrupción o tráfico de influencias.
Mediáticas: El caso continuará ocupando titulares, mientras más medios intentan acceder a la información completa y verificable.
Lo que aún no se sabe
Entre los aspectos pendientes por aclarar se encuentran: ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se incautaron los equipos? ¿Quién realizó los análisis digitales y más importante: cuáles fueron sus conclusiones? ¿Existen más personas implicadas? ¿Qué impacto tuvieron estas filtraciones en operativos reales?
¿Por qué este caso importa?
El escándalo de los computadores de alias “Calarcá” podría revelar una grave infiltración criminal dentro de estructuras oficiales de seguridad del Estado. Si todo se confirma, la legitimidad institucional estaría seriamente comprometida y se abriría un debate profundo sobre cómo se maneja la inteligencia y la seguridad nacional. La información difundida hasta ahora abre una ventana inquietante: posible cooperación entre una disidencia armada y funcionarios estatales. Sin embargo, todavía faltan verificaciones clave para convertir estas acusaciones en pruebas judiciales definitivas.
El país espera una investigación transparente, independiente y rigurosa. Lo que está claro es que el caso podría marcar un antes y un después en la política y la seguridad en Colombia.
