Serias dudas se despertaron a propósito del procedimiento de contratación de un asesor para la Alcaldía de Chámeza, el cual aparece reportado como responsable fiscal en cuantía de $91 millones y además cobijado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con entidades públicas por un término de 5 años.
El contrato en cuestión, por un monto de $22 millones para «prestar servicios de asesoría en revisión y seguimiento de contratos» y un plazo de ejecución de cuatro meses (suscrito el 29 de agosto de 2025) beneficia a Edgar Yecid Bernal, exalcalde del vecino municipio de Recetor.
Lo llamativo del caso es que desde el 9 de mayo de este año, Bernal fue cobijado con un fallo de responsabilidad fiscal en cuantía superior a los $91 millones.
Adicionalmente, la Procuraduría emitió la respectiva certificación de inhabilidades fiscales en contra del exalcalde contratista, por lo que Bernal no puede contratar con el Estado entre el 5 de septiembre de 2025 y el 4 de septiembre de 2030; al igual que tampoco puede desempeñar cargos públicos por el mismo período.
Dichas sanciones tipificarían un caso parecido al que recientemente le costó la salida de su cargo como asesor jurídico a un funcionario de la Empresa de Acueducto de Yopal, al configurarse un hecho de inhabilidad sobreviniente.
El hecho levantó serias dudas sobre los mecanismos de verificación de antecedentes y documentación que se aplican en la Alcaldía de Chámeza y podría generar sanciones contra funcionarios de dicha entidad, incluso para el propio alcalde, Bernardo Pérez, de no tomarse decisiones claras en torno a la ejecución de un contrato en cabeza de un inhabilitado como el exAlcalde de Recetor.
Las partes tienen la palabra.
