Fiscalía y Policía rechazan el anuncio y exigen la liberación inmediata de los cuatro servidores públicos retenidos por la guerrilla.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que someterá a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado colombiano —dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos agentes de la Policía Nacional— que permanecen secuestrados desde hace varias semanas en el departamento de Arauca.
El anuncio fue hecho por el Frente de Guerra Oriental “Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño”, que aseguró que los retenidos serán juzgados bajo su “Código de Guerra” tras fracasar supuestas gestiones de canje de prisioneros con el Gobierno. Según el grupo armado, las penas podrían oscilar entre tres y siete años de prisión.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional rechazaron de inmediato el comunicado, calificando el anuncio de “acto criminal e ilegítimo”. Ambas instituciones exigieron la liberación “inmediata e incondicional” de sus funcionarios y advirtieron que ningún grupo armado tiene facultad legal para realizar procesos judiciales.
Contexto del secuestro
Los hechos se remontan a dos episodios ocurridos en 2025. El 8 de mayo fueron secuestrados los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada cuando se desplazaban por la vereda La Esmeralda, en el municipio de Fortul. Posteriormente, el 20 de julio, la guerrilla retuvo a los policías Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, en la vía entre Pueblo Nuevo y Arauca.
Desde entonces, el ELN ha difundido videos de “prueba de vida” donde los cuatro aparecen con aparente buen estado de salud y piden al Gobierno facilitar su liberación. Las familias han pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia católica.
Reacciones y análisis
El anuncio del “juicio revolucionario” ha sido interpretado como una maniobra de presión política y mediática del ELN en momentos en que el proceso de paz con el Gobierno se encuentra estancado. Analistas consideran que la medida constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, pues los retenidos no cuentan con garantías judiciales ni defensa imparcial.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el desafío de lograr su liberación sin ceder a presiones ni comprometer los canales de diálogo. La situación reaviva la tensión en Arauca, una región históricamente golpeada por el conflicto armado y donde el secuestro sigue siendo una práctica recurrente de los grupos ilegales.
La incertidumbre sobre el destino de los cuatro servidores públicos aumenta la presión nacional e internacional sobre el ELN, que vuelve a poner en entredicho su compromiso con los acuerdos de paz.
