El Fondo Mixto Sierra Nevada, ejecutor de más de 160 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, enfrenta indagaciones de los órganos de control y cuestionamientos por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas.
El DNP y la Contraloría emitieron advertencias sobre riesgos de concentración contractual y posibles pérdidas de recursos.
Desde agosto de 2024 el nombre del Fondo Mixto Sierra Nevada comenzó a repetirse en los informes de alerta del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El diagnóstico “Radiografía del Sistema General de Regalías” reveló que este fondo manejaba un volumen inusual de proyectos: más de 160 contratos por un valor superior a los 600 mil millones de pesos, distribuidos en municipios de La Guajira, Cesar, Magdalena y Casanare.
El documento, publicado el 26 de agosto de ese año, incluyó un dato inquietante: el Fondo acumulaba múltiples reportes ante órganos de control.
A raíz de ello, el DNP, la Procuraduría y la Contraloría General de la República suscribieron la Circular Conjunta 0052-4 de 2024, ordenando un seguimiento preventivo a las entidades ejecutoras de regalías.
El propósito era claro: frenar la pérdida de recursos públicos. Pero a medida que avanzaron las investigaciones periodísticas, el caso del Fondo Mixto Sierra Nevada se convirtió en símbolo de los vacíos en la vigilancia de las regalías.
Reportajes publicados por medios nacionales de comunicación como W Radio y Cambio durante 2025, documentaron contratos con retrasos, obras inconclusas y procesos de subcontratación que, en algunos casos, involucraban a los mismos contratistas cuestionados en proyectos previos.
En municipios como Becerril y Fonseca, las veedurías denunciaron la falta de interventoría y la ausencia de informes técnicos actualizados.
Ante el escándalo, la Procuraduría General de la Nación, anunció el 3 de agosto de 2025 la apertura de indagaciones por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos administrados por el Fondo Mixto Sierra Nevada.
Paralelamente, la Contraloría General incluyó varios de esos proyectos en su plan de auditorías especiales al SGR.
Fuentes del órgano de control explicaron que la figura de los fondos mixtos —entidades privadas con participación pública—, aunque legal, exige controles más estrictos.
“El riesgo está en que actúan como intermediarios sin suficiente capacidad técnica y con poca rendición de cuentas”, dijo un auditor consultado.
El DNP, por su parte, reiteró en septiembre de 2025 que los fondos mixtos no deben ser simples “contrataderos” sino gestores especializados con controles contables, financieros y de supervisión.
A la fecha, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias preliminares sobre la contratación y ejecución de varios proyectos asociados al Fondo, mientras la Contraloría avanza en auditorías forenses sobre la trazabilidad de los recursos.
El caso deja una lección evidente: la descentralización de la ejecución de las regalías requiere una vigilancia articulada. En palabras de un funcionario del DNP, “las regalías no pueden seguir perdiéndose en la maraña de intermediarios que prometen eficiencia y dejan obras a medio construir
El Fondo Mixto Sierra Nevada hoy encarna el dilema entre gestión descentralizada y control efectivo de los recursos públicos. Si las auditorías de la Contraloría confirman los hallazgos preliminares, el país enfrentará otro capítulo en la historia de las regalías desviadas o mal ejecutadas.
Por ahora, los entes de control avanzan, y la ciudadanía espera resultados concretos: obras terminadas, responsables identificados y lecciones aprendidas para que los fondos mixtos no se conviertan en el eslabón más débil del control fiscal en Colombia.
