Como si no fuera suficiente con la tormenta que ha sacudido a la Asamblea Departamental de Casanare en esta vigencia; varios proyectos de ordenanza empantanados, tres diputados con demandas activas y según supo Super Sapo, una cuarta en camino.
La corporación vuelve a estar en el ojo del huracán.
La Procuraduría acaba de pronunciarse sobre las recusaciones que se presentaron durante el trámite de la Ordenanza 06 del superávit, un proceso donde la Mesa Directiva ha dado palos de ciego, y que ahora se verá obligada a dar el trámite legal correspondiente. El desgaste institucional es evidente, y la ciudadanía aún espera claridad y responsabilidad de quienes tienen el deber de legislar con transparencia.
Pero como si todo eso no bastara… ahora se viene un nuevo “mico” en la elección del Contralor Departamental.
En el proyecto de modificación del reglamento interno, la Asamblea propone restringir aún más el acceso a este cargo, al impedir la participación de personas que hayan ocupado un cargo público en cualquier nivel de la rama ejecutiva (departamental, distrital o municipal) en el año anterior a la elección. Una jugada que, si se lee entre líneas, podría estar diseñada para favorecer a candidatos con más de un año por fuera del gobierno —y de paso, dejar por fuera a perfiles técnicos y con experiencia que podrían garantizar independencia y conocimiento en materia fiscal.
Así las cosas no podrán presentarse al concurso profesionales que en el último año se hubieran desempeñado en algún cargo en cualquier entidad territorial o instituto descentralizado de este periodo de gobierno.
De haberse aplicado esta norma hace cuatro años, aspirantes como el actual contralor Cipriano Castro no habrían podido participar, ya que venía de trabajar en la Contraloría Nacional. ¿Coincidencia? Difícil creerlo.
Convocatorio «Tipo Sastre»
La Asamblea, que debería ser garante de la democracia y la transparencia, parece estar más enfocada en tejer a escondidas un nuevo traje normativo a la medida de intereses particulares. La reforma al artículo 44 del reglamento, lejos de ser una precisión técnica como lo justifican, introduce un cambio sustancial y desborda la competencia funcional de la Asamblea, pues introduce modificaciones que no están contempladas en la Ley.
¿Quién gana con este “mico”? ¿Quién queda por fuera? ¿Por qué tanto afán por cambiar las reglas justo antes del proceso de elección?
En un escenario donde el control político ha sido débil, las recusaciones mal tramitadas y las demandas llueven como aguacero llanero, la Asamblea tiene la oportunidad de corregir el rumbo… o de seguir cavando su propio descrédito.
