En un importante avance para la infraestructura del país, la Procuraduría General de la Nación logró destrabar la ejecución de la Ruta Libertadora y otras 56 obras viales en Colombia.
Gracias a una mesa técnica liderada por el ente de control, se logró conciliar la legalización de dineros y asegurar la financiación necesaria para la continuidad de estos proyectos esenciales.
El encuentro, que reunió a entidades del Gobierno Nacional y a la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), tenía como objetivo encontrar soluciones ante la posible paralización de estos proyectos viales debido a dificultades en la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.
En respuesta al llamado de la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda presentó un plan de pagos escalonado de 1,6 billones de pesos, que se ejecutará en el primer semestre de 2025. Este desembolso permitirá la continuidad de la ejecución de las obras, entre las cuales destaca la Ruta Libertadora, una vía clave que conectará los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
Esta obra hace parte del Pacto Bicentenario, un compromiso para mejorar la infraestructura y la conexión de las regiones involucradas en la gesta libertadora.
El desarrollo de este espacio de trabajo contó con la participación de actores fundamentales como los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte, así como del Instituto Nacional de Vías (Invías). En un ambiente de diálogo técnico y análisis, se establecieron compromisos de acción y planes de choque para solucionar la situación financiera y operativa del sector vial en el país.
Con este acuerdo, se garantiza el avance de la infraestructura vial y la integración regional a través de la mejora en la conectividad terrestre.
