OPINIÓN*
Lo que el gobierno Petro llama “zona binacional” es, en realidad, una puerta giratoria para el crimen organizado.
Un salvavidas a Nicolás Maduro. Un espaldarazo directo al ELN y a las FARC. Y una puñalada trapera a la soberanía colombiana.
No se trata de torpeza ni ingenuidad. Se trata de una entrega planificada. Una cesión calculada a las dictaduras más peligrosas del hemisferio. Justo en una de las regiones más estratégicas del país, donde se concentra buena parte del narcotráfico, el contrabando y los grupos armados ilegales.
Esto no es un invento opositor, es una verdad que se puede contar en hectáreas, toneladas y muertos. En 2023, Colombia alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas de coca, con una producción de casi 3.700 toneladas de cocaína. El Catatumbo, en Norte de Santander, junto con La Guajira y el sur del Cesar, concentra buena parte de ese cultivo y es ahora el escenario de esta “zona económica binacional”. Esta cocaína no se queda en Colombia: sale por Venezuela —donde opera con impunidad el Cartel de los Soles, vinculado a altos mandos del régimen— y termina en los puertos de Europa, Asia y África, alimentando una red global de narcotráfico con epicentro en la frontera colombo-venezolana.
Mientras Petro habla de “desarrollo”, los grupos armados crecen. Hoy hay un 45 % más criminales armados. Esta frontera ya no es una línea divisoria: es un trampolín del narco y la guerrilla, donde mandan los ilegales y el pueblo calla por miedo.
¿Y quiénes aplauden este acuerdo? Nada más y nada menos que Nicolás Maduro y su régimen, que recibió de Petro una legitimación política inédita. Un régimen por el cual Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares de recompensa, tanto por Maduro como por Diosdado Cabello. Lo máximo que se ofrece por narcoterroristas. ¿Quién en su sano juicio hace alianzas con criminales buscados por la justicia internacional?
Pero esto no es nuevo. Ya en 2008, Hugo Chávez afirmaba sin vergüenza que las FARC y el ELN eran “verdaderos ejércitos” y pedía que se les quitara la etiqueta de terroristas. Lo hizo en público, ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy, ese mismo discurso se ejecuta silenciosamente, bajo la careta del “progresismo”.
Este pacto es parte de una guerra asimétrica híbrida, un modelo cubano-bolivariano que infiltra territorios no con tanques, sino con dólares sucios, narcotráfico, estructuras paralelas y desinformación. Y lo más grave: no es la única zona en camino. Ya se habla de crear dos más. No hay claridad, no hay debate público. Solo acuerdos entre élites y dictaduras.
Mientras tanto, las cifras de extorsión en Colombia se disparan: 10.560 casos denunciados en el último año, con una tasa que se duplicó en una década. El Estado brilla por su ausencia, mientras los criminales cobran impuestos, reclutan menores y controlan la economía.
Este acuerdo no es una política de paz, es un acto de rendición. Una traición al país, una bofetada a los héroes que han dado la vida por defender la patria y una señal de alarma que no puede ignorarse. Maduro no es un socio para la paz: es un operador del crimen trasnacional.
Queda en manos del próximo presidente revertir de inmediato este pacto de indignidad. No podemos permitir que en nombre de la “integración” nos quiten lo que generaciones defendieron con sangre y valor.
- *Mayor Germán Rodríguez,
- Líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia,
- Comprometido con la defensa de la democracia, la Constitución y la vida.
- Amplia trayectoria académica y experiencia en las Fuerzas Militares y asuntos de seguridad nacional.
