El Tribunal Administrativo de Casanare emitió un auto detallado en el marco del proceso de pérdida de investidura contra Anderson Alonso Carrillo Pinzón, demandado por Dudley Astrid García Riveros. El fallo aborda solicitudes de exclusión probatoria, decreta pruebas documentales y oficios, y fija una audiencia pública para el 23 de abril de 2025.
Contexto del caso
El proceso fue admitido el 18 de febrero de 2025. Carrillo Pinzón, representado por su apoderado judicial, contestó la demanda y planteó excepciones, argumentando que los contratos de prestación de servicios profesionales que ejecutó en municipios distintos a Yopal no violaban sus obligaciones contractuales. La demanda alega irregularidades en el cumplimiento de estos contratos, aunque los detalles específicos no se explicitan en el documento.
Decisiones clave del auto
Exclusión probatoria denegada:
- Carrillo Pinzón solicitó excluir documentos aportados por la demandante, alegando que su origen era incierto y violaba su derecho al debido proceso. El tribunal rechazó esta petición, señalando que no hubo violación de derechos fundamentales ni irregularidades procesales. Destacó que los documentos son públicos (expedientes contractuales y actos administrativos) y accesibles bajo el artículo 74 de la Constitución.
Pruebas documentales admitidas:
- Se otorgó valor probatorio a los documentos aportados por ambas partes, pese a estar en copia simple, ya que no fueron objetados durante el proceso.
Oficios y pruebas de oficio:
- Se ordenó a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare certificar deducciones tributarias de los contratos en cuestión.
- La Secretaría de Salud de Yopal deberá acreditar la habilitación del municipio en servicios de salud pública.
- Por iniciativa del tribunal, se solicitó al Departamento de Casanare copia de los expedientes contractuales y detalles de las actividades realizadas por Carrillo Pinzón.
Testimoniales rechazados:
- Se denegaron las pruebas testimoniales de Pilar del Rocío Perilla Colmenares y Nidia Susana Cortés Peralta por incumplir requisitos legales. El tribunal enfatizó que las solicitudes no especificaron los hechos a probar, vulnerando el derecho de defensa y contradicción.
Audiencia pública y próximos pasos
La audiencia se llevará a cabo el 23 de abril de 2025 a las 8:30 a.m. El tribunal instó a Carrillo Pinzón a asistir con un abogado para garantizar una defensa técnica adecuada.
Implicaciones jurídicas
La decisión de no excluir pruebas subraya el equilibrio entre el acceso a la información pública y el respeto al debido proceso. Además, el rechazo a los testimonios destaca la importancia de cumplir formalidades procesales para evitar dilaciones.
