Una cita odontológica que, sin que el personal de custodia se pusiera alerta, duró casi tres horas y media, fue la ocasión aprovechada por la excongresista Aída Merlano para fugarse este martes y prender, de nuevo, las alarmas sobre el funcionamiento del Inpec, el cuerpo de guardia encargado de vigilar las cárceles y los presos del país.
Merlano, según testigos y la versión oficial de la clínica donde era atendida, llegó sobre las 11 y 35 de la mañana «para una intervención odontológica». Sobre las 3 de la tarde se conoció su aparatosa fuga, con caída incluida, en una motocicleta después de bajar varios metros aferrada a una reata roja de varios metros.
Estos son algunos de los cuestionamientos que surgen tras el nuevo escándalo que sacude al país
Mientras la gran mayoría de los más de 120 mil presos que hay en el país tiene que soportar las dificultades del sistema de salud pública brindado por el Estado a través de convenios y médicos contratados, hay un pequeño grupo de internos que paga su servicio de salud y, aprovechando esta situación, tiene la posibilidad de salir de prisión con frecuencia.
El caso de Merlano puede ser escandaloso por la fuga, pero tiene muchos antecedentes. En el 2010, supuestamente el Ministerio del Interior y Justicia había dado orden de suspender los ‘permisos especiales’, como se les denomina a las salidas al médico que por entonces eran pan de cada día entre los inquilinos del pabellón de la ‘parapolítica’.
Esto, tras denuncias de EL TIEMPO sobre las frecuentes visitas al odontólogo del exgobernador de Casanare William Pérez, quien reportaba 55 permisos en cuestión de meses.
Otro de los casos recientes es el del destituido y condenado ex alcalde de Yopal, Jhon JAiro Torres, quien «aprovechó» su tiempo de detención para practicarse una cirugía estética, con autorización del INPEC.
