El Consejo de Estado puso fin a los intentos de la defensa del diputado departamental Heyder Alexander Silva García por modificar la providencia judicial que decretó su pérdida de investidura.
En un auto proferido el 29 de octubre de 2026, la Sección Primera del alto tribunal resolvió negar en su totalidad la solicitud de corrección, aclaración y adición interpuesta por el apoderado del dirigente político.
Los antecedentes del caso
La controversia judicial se originó tras la demanda interpuesta por el ciudadano Carlos Ramón Lizarazo Manrique, quien solicitó la pérdida de investidura del diputado de Casanare (periodo 2024-2027) bajo el argumento de haber participado en el debate del proyecto de Ordenanza 002 de 2025.
Dicha iniciativa buscaba modificar la planta de personal de la corporación y corregir inconsistencias financieras derivadas de la creación irregular de un cargo —un profesional universitario, código 219, grado 02— que había sido expedido por el propio Silva García cuando fungía como presidente de la Asamblea.
Aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Casanare había negado las pretensiones de la demanda el 15 de agosto de 2025, el Consejo de Estado revocó dicha decisión el 4 de junio de 2026, encontrando plenamente probado que el diputado actuó con dolo y con un interés particular, directo y actual de orden moral, al defender su propia actuación administrativa sin declararse impedido.
¿Qué pretendía la defensa?
Inconforme con el fallo adverso, el apoderado del accionado interpuso el 25 de junio de 2026 una robusta solicitud orientada a:
- Corregir errores formales de transcripción en fechas y normativas dentro del texto.
- Aclarar puntos relacionados con la presunta legalidad de la resolución inicial, la naturaleza exacta del beneficio obtenido (económico, moral o disciplinario) y la supuesta existencia de asesorías técnicas y jurídicas que respaldarían su actuación.
- Adicionar la sentencia frente a excepciones de inepta demanda, la valoración de testimonios y conceptos de asesores, y el análisis del concepto emitido por el Ministerio Público.
Adicionalmente, el proceso se vio matizado por una recusación formulada por el accionado en contra de los magistrados de la Sección Primera, la cual fue declarada infundada de manera previa por la Sección Segunda de la corporación.
La respuesta del Consejo de Estado
Al analizar la petición de la defensa, el ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes y la Sala concluyeron que los argumentos presentados no buscaban corregir errores aritméticos de la parte resolutiva ni subsanar vacíos reales, sino cuestionar la motivación del fallo, reabrir el debate probatorio y desnaturalizar los mecanismos procesales de aclaración y adición.
El alto tribunal recordó que el conflicto de intereses se configuró no solo por la votación, sino por la participación activa del diputado en los debates del proyecto normativo que pretendía dejar sin efectos un acto administrativo expedido por él mismo, afectando los principios de moralidad, imparcialidad y transparencia.
Así mismo, enfatizó que las asesorías técnicas allegadas no desvirtúan el elemento subjetivo de culpabilidad ni eximen al servidor público de su deber de apartarse del debate cuando media un interés directo.
Con la negativa de estas solicitudes, la providencia de pérdida de investidura queda blindada, y una vez se surta la ejecutoria formal del auto, el expediente será devuelto al tribunal de origen para los trámites consecuentes.
