Por Wilson Acosta
Cada vez que la inseguridad golpea, los alcaldes desempolvan la misma receta: restringir las motos. Una medida rápida e impopular que castiga a los trabajadores, pero no toca el corazón del problema: la impunidad , anarquía y la falta de control real sobre quienes delinquen y tienen comportamientos contrarios a las normas de tránsito.
Hoy circulan más de 12 millones de motocicletas en el país, más de la mitad del parque automotor nacional. Detrás de cada una hay historias de esfuerzo: repartidores, mensajeros, familias enteras que encuentran en las dos ruedas su única forma de movilidad y sustento.
Sin embargo, cuando el orden público se altera, los gobernantes locales vuelven al mismo libreto: prohibir el acompañante, restringir horarios o bloquear vías. Son medidas que dan visibilidad política, pero no solucionan el fondo del problema.
Lo digo con conocimiento. Desde 2004, año en que nació la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol) en Bogotá, he estado vinculado al movimiento motero. En ese entonces asumí la representación del capítulo Casanare por varios años y desde entonces he visto cómo las restricciones se repiten sin resultados concretos.
Es cierto que un pequeño porcentaje de motos se usa para delinquir, otros más tienen comportamientos antisociales con sus motocicletas, pero generalizar es injusto. El problema no es la moto: es la falta de control, educación y justicia efectiva.
La alta accidentalidad y mortalidad vial también han contribuido a estigmatizar al sector. Según cifras oficiales, las principales causas de siniestros son el exceso de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol u otras drogas y la falta de pericia. En este punto, urge una ley que sancione penalmente a quienes conduzcan bajo influencia de sustancias.
En países como Estados Unidos, el DUI (Driving Under the Influence) es un delito grave con consecuencias severas: cárcel, suspensión de licencia, multas, trabajos comunitarios y riesgo de deportación. Colombia debe avanzar en esa dirección: conducir bajo efectos del alcohol no es una infracción, es un crimen.
Pero la sanción no basta. Hay que formar a las nuevas generaciones en cultura vial. La mayoría de motociclistas aprenden a manejar por imitación, heredando malos hábitos. Por eso, los programas de educación y prevención vial deben incluirse desde la niñez, con apoyo familiar y de los gobiernos locales y nacional. Tal vez así se reducirá la alta accidentalidad que afecta a regiones como Yopal y Casanare.
Las restricciones pueden dar la ilusión de control, pero no construyen seguridad. La moto no es el enemigo; el enemigo es la indiferencia ante la educación y la impunidad que deja actuar a unos pocos de forma criminal.
Como dijimos hace más de veinte años en aquella protesta en Bogotá:
“Los honestos somos más.”
Por Wilson Acosta, Preventologo – Investigador sociocultural
Co–fundador de Asomocol (Asociación de Motociclistas de Colombia)
