Un caso que ha causado profunda indignación en la opinión pública vuelve a encender las alarmas sobre la debilidad del sistema judicial colombiano frente a los crímenes sexuales contra menores. Se trata de alias ‘Chigüiro’, un hombre acusado de múltiples abusos sexuales en contra de niñas entre los 7 y los 12 años, quien, a pesar de contar con antecedentes por estos delitos, solo pasó un año en prisión antes de quedar en libertad y reincidir.
Las autoridades judiciales han confirmado que los primeros abusos documentados cometidos por este individuo ocurrieron en 2013, seguidos por nuevos ataques en 2019 y más recientemente en 2022. Todos los casos guardan un patrón común: las víctimas eran niñas en situación de vulnerabilidad, a quienes ‘Chigüiro’ se acercaba ganándose la confianza de sus familias o aprovechando descuidos en entornos comunitarios.
Un depredador en libertad
A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, el agresor fue condenado inicialmente a una pena mínima. Estuvo detenido por apenas un año. Según las fuentes judiciales, la brevedad de su condena se debió a fallas procesales, por vencimiento de términos. Una vez en libertad, lejos de reinsertarse a la sociedad, el sujeto continuó su conducta criminal.
El caso más reciente, ocurrido en 2022, reactivó las investigaciones y permitió a las autoridades establecer que el agresor no solo había reincidido, sino que estaba activamente buscando nuevas víctimas. Gracias a nuevas denuncias y testimonios, la Fiscalía logró recolectar evidencias que respaldan un patrón de conducta reiterativa, lo que podría llevar a una condena más severa en un futuro juicio.
Indignación y reclamos por justicia
Las familias de las víctimas, cuya identidad se reserva por seguridad de las menores, han expresado su preocupación y enojo. “No es posible que un violador de niñas esté libre como si nada. Aquí falló el Estado, falló la justicia”, aseguró una líder comunitaria que acompañó a las familias afectadas.
Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han exigido una revisión profunda de las medidas judiciales que permiten que abusadores sexuales reincidan. “Este caso es una vergüenza institucional. El hecho de que un agresor conocido haya tenido la oportunidad de volver a delinquir es responsabilidad directa del sistema de justicia”, señaló una vocera de la Fundación Restrepo, dedicada a la protección de menores.
Un llamado urgente a reformar el sistema
El caso de alias ‘Chigüiro’ no solo deja al descubierto las grietas legales que permiten que criminales sexuales obtengan penas leves o que sus procesos no avancen en el marco del sistema penal, sino también la ausencia de programas efectivos de seguimiento a agresores sexuales tras su liberación.
Expertos en derecho penal infantil coinciden en que es urgente revisar el marco jurídico que regula este tipo de delitos. Proponen penas más altas, eliminación de beneficios judiciales para agresores sexuales de menores y creación de registros públicos de ofensores sexuales, así como un fortalecimiento de los programas de prevención y atención psicosocial para las víctimas.
Mientras tanto, las autoridades informaron que el agresor se encuentra nuevamente bajo custodia y que será procesado por los nuevos delitos. Esta vez, se espera que se logre una condena que esté a la altura de la gravedad de sus actos y que marque un precedente para proteger a los niños y niñas del país.
