AUna ciudadana ha interpuesto una recusación formal contra los 17 concejales del municipio de Yopal, con el fin de frenar la aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 008 de 2025, el cual busca autorizar la localización del nuevo terminal de transporte de pasajeros y facultar al alcalde para declarar su utilidad pública.
La acción, sustentada por la ciudadana Soffy Alejandra Hernández Avendaño, argumenta múltiples irregularidades de carácter legal, ambiental, técnico y urbanístico.
¿Por qué se presentó la recusación?
La ciudadana señala un posible conflicto de intereses por parte de los concejales, quienes ya habrían aprobado de forma unánime el proyecto en primer debate el pasado 25 de julio, comprometiendo —según la recusación— su imparcialidad para continuar el trámite. Entre los puntos más críticos, se destacan:
Falta de licenciamiento ambiental: El proyecto no cuenta con los trámites ni estudios ambientales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, a pesar de afectar zonas de bosques y fuentes hídricas.
Inseguridad jurídica sobre servicios públicos: El lote seleccionado se encuentra en zona de expansión urbana sin disponibilidad de agua ni alcantarillado, según informes de la empresa EAAAY.
Violación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT): El terreno destinado para el terminal no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el POT, como el área mínima de 50 hectáreas para planes parciales en zonas de expansión. El lote apenas tiene 7 hectáreas.
Desconocimiento del proceso de actualización del POT: El municipio adelanta una consultoría para modificar el POT, que aún no ha sido aprobada, por lo que aprobar el proyecto actual implicaría ignorar ese proceso de planificación en curso.
Contradicciones en la justificación vial: Se cuestiona la necesidad de adquirir predios para ampliar la Calle 50, argumentando que el diseño con tres carriles es sobredimensionado e innecesario.
Riesgos legales y administrativos si se aprueba el proyecto
La recusación advierte que de aprobarse el proyecto en estas condiciones, los concejales podrían incurrir en prevaricato, al votar un acto que contraviene la ley y los instrumentos de ordenamiento territorial. También se señala la posible nulidad del acto administrativo que surja del acuerdo, lo que comprometería recursos públicos y dejaría el proyecto inviable.
Asimismo, se denuncia que el predio propuesto para el terminal forma parte de los aportes de una sociedad de economía mixta, lo cual podría implicar un conflicto de interés encubierto si se justifica su compra bajo el argumento de utilidad pública para la Calle 50.
Implicaciones particulares para el concejal ponente
La recusación también apunta al concejal Jorge Leonardo Infante Tovar, quien ha sido ponente del proyecto. Se le señala de incoherencia legal y ética, pues en el pasado interpuso una acción popular contra un proyecto de características similares, lo que lo inhabilitaría —según el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011— para participar en este debate, por existir antecedentes de controversias jurídicas con actores involucrados.
Lo que está en juego
La sesión de segundo debate está programada para este martes 29 de julio a las 8:00 a.m.
Si el Concejo Municipal avanza con la aprobación del proyecto sin atender la recusación y sin resolver las falencias señaladas, se abriría la puerta a acciones legales, demandas por nulidad, e incluso investigaciones por posibles faltas disciplinarias o penales.
Esta situación genera un llamado urgente a que las decisiones de infraestructura estratégica para la ciudad se tomen con base en estudios técnicos rigurosos, cumplimiento normativo y respeto por los principios de planeación, sostenibilidad y legalidad.
