Una obra para prestar servicios a población vulnerable juvenil y e infantil y que en su momento promoviera la administración del exalcalde Luis Eduardo Castro y su Gestora Social (Silvia Vega) como un modelo hasta «nacional» en cuanto a gestión de recursos locales, nacionales y de una fundación internacional, se encuentra paralizada hace varias semanas y amenaza con convertirse en un «elefante blanco»
Se trata de un Centro de Desarrollo Juvenil (CDJ) «Atrapasueños» que se construye en un predio vecino a una de las estructuras del complejo residencial «Torres de San Marcos, en Yopal, y que desde el comienzo de las obras enfrentó la oposición de algunos sectores ciudadanos.
«Este CDJ es una de las 13 obras que se levantarán con recursos del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo en Colombia… el hecho de que se haya contemplado en la capital de Casanare es resultado de la gestión del Alcalde Luis Eduardo Castro y de la Gestora Social, Silvia Vega Caderón, para transformar el presente de los jóvenes entre 14 y 28 años», dijo en su momento la voncinglería institucional de la anterior administración.
Además del terreno aportado por el municipio (a despecho de la comunidad que proponía otros sitios y no la zona verde de sus torres para construir la obra) y de la prometida «inversión internacional», participaban otras entidades como FINDETER (ejecutora de los recursos) y el ICBF que debía asegurar la dotación y el funcionamiento del CDJ… mejor dicho: en teoría, una maravilla de sincronización institucional en un proyecto de indudable beneficio para la Comuna 6 del municipo.
Sin embargo, como diría la abuela Carmen Rosa: «árbol que nace torcido…» pues el proyecto enfrentó una recia oposición de vecinos al sector que proponían otro lugar distinto adonde finalmente se impuso la construcción de la obra. El asunto terminó en una acción popular que actualmente cursa en estrados judiciales y la intervención de sectores sociales que ya han planteado dudas sobre el impacto ambiental de la obra y los potenciales efectos de desestabilización de la misma sobre una torre muy próxima al lugar de la contrucción.
Aunque en su momento se citaron mesas de trabajo en el Concejo Municipal donde incluso se planteó suspender el convenio, la Oficina Jurídica explicó que se trató de un compromiso suscrito desde el año 2021 con recursos de cooperación internacional y que “juridicamente es imposible que un proyecto como estos, se pueda echar para atrás, por las implicaciones legales que hay en caso de demandas”, dijo en su momento Édgar Paérez, jurídico de la Alcaldía.
La realidad hoy, es que la construcción lleva al menos seis o siete semanas paralizada y que no solo enfrenta los potenciales efectos cautelares de la acción popular se suma que el cooperante internacional no ha girado los recursos para avanzar en la construcción del promocionado proyecto, otro de los símbolos de la gestión, la eficiencia y el gobierno anterior en la ciudad de Yopal.
