La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a garantizar la consulta previa y la participación efectiva de la comunidad indígena del resguardo Ciprián Riscanevo, ubicada en Chita (Boyacá), dentro del proceso de delimitación del páramo de Pisba.
En una comunicación dirigida a la ministra Lena Yanina Estrada, el órgano de control resaltó que no se han convocado las reuniones preparatorias necesarias para la fase de concertación, una etapa fundamental del derecho constitucional a la consulta previa
Falta de garantías logísticas y convocatoria
La comunidad indígena denunció que el Ministerio de Ambiente no ofreció las condiciones logísticas indispensables para que sus representantes participen en los espacios deliberativos. Tampoco se convocaron entidades clave como la alcaldía, la personería, organizaciones sociales, ambientales ni las juntas de acción comunal
Frente a esta problemática, la Procuraduría recomendó formalmente:
- convocar las reuniones preparatorias;
- proporcionar garantías logísticas;
- informar oportunamente sobre la metodología del proceso de consulta previa;
todo ello bajo una perspectiva de participación intercultural, buena fe y transparencia .
Avances previos y contexto técnico
El Ministerio de Ambiente ha señalado que el proceso avanza con la coordinación de las alcaldías y personerías de los 13 municipios incluidos en el ecosistema del páramo. Cada espacio de participación sería previamente organizado con las autoridades locales para cumplir con la Sentencia T‑361 de 2017
Actualmente se aplica una delimitación temporal, mediante la Resolución 1501 de 2018, que establece un área protegida para el “desarrollo sostenible”. Dentro de esta área, está prohibida la nueva exploración minera
Impacto ambiental y medidas de precaución
La delimitación del páramo de Pisba es clave para el abastecimiento hídrico de Boyacá y Casanare. El ecosistema abastece las cuencas de los ríos Chicamocha y Magdalena y alberga varias lagunas de origen glaciar
Además, en mayo de 2025, la Agencia Nacional de Minería suspendió preventivamente las audiencias públicas en Tasco, Corrales, Gámeza y Socha debido a la incertidumbre sobre la posible superposición entre áreas mineras y la nueva delimitación proyectada
Por qué es relevante
La Procuraduría considera que los retrasos y la falta de participación pueden afectar gravemente la garantía del derecho al agua, promover aumento de minería ilegal, contaminar fuentes hídricas y deteriorar el tejido social de los campesinos e indígenas de la zona.
