Un nuevo capítulo en la política local de Yopal se desarrolla en el Tribunal Administrativo de Casanare, donde se adelanta un proceso de nulidad electoral que pone en entredicho la legitimidad del nombramiento del concejal Andersson Alonso Carrillo Pinzón.
La demanda, presentada por Jesús Barrera Blanco, busca declarar la nulidad de la designación de Carrillo Pinzón como miembro del Concejo Municipal, argumentando que el concejal incurrió en inhabilidades al haber ejecutado contratos con la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare en el municipio de Yopal durante el año previo a las elecciones de 2023.
El caso, que se encuentra bajo la dirección de la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz, tuvo su audiencia inicial el pasado 9 de julio. En esta diligencia, se fijó el litigio y se decretaron pruebas clave para esclarecer si Carrillo Pinzón violó las normas que prohíben a candidatos con contratos públicos en el mismo municipio ser elegidos concejales.
Contexto del Caso
El conflicto tiene su origen en la vacancia de una curul en el Concejo Municipal de Yopal tras la nulidad de la elección de Michael Jonathan Castro Niño, confirmada por el Consejo de Estado el 25 de julio de 2024. Como resultado, el Concejo llamó a Carrillo Pinzón, quien ocupó el tercer lugar en votación dentro de la lista del Partido de la Unión por la Gente (“Partido de la U”), para asumir el cargo. Sin embargo, Barrera Blanco alega que Carrillo Pinzón estaba inhabilitado debido a dos contratos de prestación de servicios firmados con la Secretaría de Salud de Casanare, los cuales, según el demandante, se ejecutaron en Yopal.
El demandante solicita no solo la nulidad del acto administrativo que llamó a Carrillo Pinzón a ocupar la curul, sino también que esta sea asignada al siguiente candidato en la lista del Partido de la U.
Por su parte la defensa de Carrillo niega las acusaciones y sostiene que los contratos en cuestión no se ejecutaron en Yopal, sino en otros municipios del departamento, como Chámeza, Monterrey, Tauramena, entre otros. Argumenta que la interpretación de las inhabilidades debe ser restrictiva, ya que limitan derechos fundamentales, y que las actividades realizadas en Yopal fueron meramente logísticas y no relacionadas con las obligaciones contractuales.
El Partido de la U, del que hace parte Carrillo, sostiene que los contratos no cumplen con los requisitos para configurar la inhabilidad, ya que no se ejecutaron en Yopal ni beneficiaron directamente a ese municipio.
Este caso no solo pone en tela de juicio la permanencia de Carrillo Pinzón en el Concejo, sino que también podría redefinir el equilibrio político en Yopal, al determinar quién ocupará la curul en disputa y la participación de Carrillo en la conformación de las nuevas mayorías del Concejo Municipal.
Con todo este contexto y ya con gran parte del proceso surtido, se espera una decisión definitiva sobre el caso y contar con un fallo final sobre el proceso, ya sea a favor o en contra del concejal.
