El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó sobre un preocupante déficit en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), al señalar que en 2026 se requerirán $1,3 billones adicionales para garantizar la cobertura a más de 1,6 millones de estudiantes que podrían quedar por fuera del servicio.
Durante el foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, la Contraloría presentó los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política Pública del PAE, revelando que, pese a los avances, persisten fallas estructurales en su financiación, supervisión y ejecución.
En 2025 el programa beneficia a 5,57 millones de niños y jóvenes, con un presupuesto de $5,27 billones, pero aún hay 1,28 millones de estudiantes sin cobertura. En departamentos como Amazonas, Casanare y Guaviare, la atención no alcanza ni el 50% de la población estudiantil. En el caso de Sahagún (Córdoba), apenas llega al 23%.
La Contraloría informó que entre 2024 y 2025 se identificaron 30 hallazgos fiscales relacionados con el PAE, por un monto de $7.974 millones, de los cuales el 48% corresponde a sobrecostos y el 47% a pagos sin soportes. En total, desde 2020 hasta el primer semestre de 2025, se han registrado más de 813 hallazgos, con una incidencia fiscal que supera los $55.500 millones.
El informe también advierte que 2,57 millones de estudiantes no recibieron alimentación escolar en 2023 durante su jornada académica. Las principales causas fueron retrasos en la contratación, problemas en el suministro y deficiencias logísticas, especialmente en regiones del Pacífico, los Llanos y el Centro Sur del país.
Asimismo, la Contraloría señaló deficiencias en la infraestructura de las sedes educativas, donde se hallaron comedores inadecuados, cocinas sin equipamiento, falta de agua potable y menaje insuficiente, afectando a más de 135 mil estudiantes según visitas de control y a 281 mil según encuestas aplicadas.
Otra preocupación es el incumplimiento del 30% mínimo de compra local de productos alimentarios. En el Centro Oriente y el Pacífico, casi la mitad de las instituciones dependen de proveedores externos, lo que limita el impacto económico en las comunidades.
Pese a las dificultades, el ente de control reconoció que el PAE ha contribuido a reducir la deserción escolar entre un 10% y un 25%, mejorando la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes beneficiados.
La Contraloría instó al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales a adoptar medidas concretas para garantizar la sostenibilidad y eficacia del programa, advirtiendo que su desfinanciación y fallas operativas comprometen el derecho a la alimentación y el bienestar de millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
