Tribunal de Yopal cuestiona proceso penal por proyectos de vivienda: podría ser un simple conflicto contractual
La Fiscalía acusó a los promotores de “urbanizaion ilegal” de estafa agravada, pero el Tribunal advierte que el caso podría resolverse en la vía civil
Un proceso judicial que involucra a Nelson Figueroa, Henry Danilo Ávila Motta y otros socios por presunta estafa agravada en proyectos de vivienda en Yopal ha dado un giro tras la revisión del Tribunal Superior de Yopal. (Figueroa Robles y Ávila Motta, habían sido condenados por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal el 15 de agosto de 2024 a una pena de 133 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa.)
La Sala Penal puso en duda que los hechos denunciados constituyan un delito penal y señaló que podrían tratarse, más bien, de un conflicto contractual entre particulares.
La Sala Única de Decisión acogió la tesis del abogado defensor Gonzalo Ramos en el sentido de que la Fiscalía no demostró los elementos esenciales del delito de estafa, específicamente: Ausencia de artificios o engaños, Incumplimiento contractual, no penal y Información a los beneficiarios
Proyectos bajo la lupa
El caso gira en torno a los proyectos urbanísticos Heliconias I y II y Palma Real (Brisas del Palmar). Según la Fiscalía, los promotores ofrecieron viviendas sin contar con la debida legalización de los terrenos y habrían incurrido en maniobras engañosas para captar recursos de los compradores.
La defensa argumenta falta de dolo
La defensa sostuvo que no hubo intención de defraudar y que los problemas surgieron por la imposibilidad de legalizar algunos predios, pese a que sí fueron adquiridos. Alegaron que se trató de incumplimientos derivados de dificultades administrativas y no de una estrategia delictiva.
El Tribunal sugiere que no hubo delito
Tras analizar los elementos probatorios y los argumentos presentados, el Tribunal concluyó que los hechos expuestos no necesariamente constituyen un delito de estafa. Indicó que el caso parece corresponder a una diferencia contractual que debería resolverse por la vía civil, y cuestionó la decisión de la Fiscalía de judicializarlo penalmente.}
¿Delito o incumplimiento?
El pronunciamiento del Tribunal deja abierta la discusión sobre la delgada línea entre un incumplimiento contractual y un fraude penal.
Además, pone sobre la mesa la pertinencia del uso de la justicia penal para resolver conflictos económicos entre particulares.
