Por JUAN MANUEL NARANJO / Analista
En las elecciones de 2007, Mauricio Jiménez se postuló como candidato a la Alcaldía de Aguazul sin procesos judiciales en su contra. El 27 de octubre de dicho año fue reelegido para el período 2008-2011.
A mediados de noviembre, viajó a Panamá para descansar pero a su regreso fue sorprendido por una orden de captura emitida por la fiscal Martha Aurora Ramírez, de Villavicencio, quien instruyó al investigador José Orlando Rosso para realizar pesquisas en su contra.
El proceso se inició bajo la acusación de un supuesto concierto para delinquir.
Como sindicado, Jiménez tenía derecho a ser informado sobre el proceso, ejercer su defensa y contrainterrogar a los testigos, muchos de los cuales presentaron declaraciones falsas. Está documentado que este proceso tuvo motivaciones políticas y formó parte de un amañamiento de la justicia, conocido como el “Cartel de la Toga”, con el propósito de inculparlo injustamente.
Sorprendentemente, las diligencias de Rosso comenzaron quince días después de la victoria electoral y del viaje a Panamá; sin embargo, la orden de captura se emitió tres días antes de que el investigador iniciara su trabajo de campo, lo que evidencia una clara irregularidad.
Los testigos reunidos por Rosso eran simpatizantes de Carlos Ramírez, uno de los opositores políticos de Jiménez. Las declaraciones se tomaron en las residencias de Ramírez y de Daniel Hernández, otro adversario político. Además, Rigoberto Sanabria y Edilma Blanco denunciaron que Pedro Coronel los contactó para incriminar falsamente a Jiménez a cambio de beneficios económicos, hecho debidamente documentado.
A pesar de estas irregularidades y la violación al debido proceso, se ordenó su captura y se le imputaron los delitos de concierto para delinquir y coautoría en la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal y Luis Ariel Rosas, inicialmente bajo la Ley 600.
Con el avance del proceso, las acusaciones iniciales se desmoronaron, demostrando que no fue autor intelectual, material, determinador ni coautor de los hechos. No obstante, la Fiscalía modificó la acusación, señalándolo como autor por omisión en posición de garante en la desaparición forzada de ambos ciudadanos.
Quince días después de la condena de Jiménez, llegó al despacho de la jueza Patricia Ladino Gaitán un oficio de Justicia y Paz ordenando no condenarlo, ya que los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de Luis Ariel Bernal y Luis Ariel Rosas habían sido identificados: José Reinaldo, alias Coplero.
Esto confirmó que Jiménez no fue autor, coautor ni determinador de los hechos. Además, según el artículo 25 del Código Penal, la posición de «garante» implica un deber concreto de actuar ante un hecho evitable del que se tenga conocimiento. Jiménez no tuvo información sobre problemas de seguridad de las víctimas, por lo que no podía prever ni evitar el delito.
Un alcalde no tiene la capacidad de estar presente en todas partes para actuar en circunstancias de las que no fue advertido.
Según la hipótesis de este entramado judicial, los responsables de orquestar el proceso fueron Carlos Ramírez y Carlos López. La jueza quinta especializada, Patricia Ladino Gaitán, esposa del entonces magistrado auxiliar de Leonidas Bustos (hoy prófugo de la justicia), y la procuradora delegada Martha Cristina Céspedes, esposa de Bustos, participaron en el proceso.
Esta relación sugiere un claro conflicto de intereses que derivó en una decisión judicial atípica, desproporcionada e injusta.
Jiménez fue condenado por «concierto para delinquir» y «autoría por omisión en posición de garante» en la desaparición forzada de dos ciudadanos de Aguazul, convirtiéndose en el único exalcalde de Colombia condenado bajo esta figura jurídica.
Surge entonces una pregunta: en un país donde, antes y después de su mandato, hubo muertes, desapariciones, extorsiones y desplazamientos en Aguazul, Casanare y toda Colombia, ¿dónde está el derecho a la igualdad? ¿Cuántos exalcaldes, gobernadores, comandantes de policía o funcionarios del DAS han sido condenados por omisión en posición de garante? La respuesta es clara: ninguno.
Una lucha de 15 años contra la injusticia
Han pasado quince años desde que comenzó esta lucha que ha marcado profundamente la vida de Mauricio Jiménez. Ha enfrentado indiferencia, indignación y momentos de profunda desesperación.
En varias ocasiones, la depresión y el insomnio lo llevaron a contemplar el suicidio, creyendo que la muerte pondría fin a su tortura psicológica. Sin embargo, gracias a la terapia, su determinación y, sobre todo, su fe en Dios, encontró un nuevo horizonte.
Hoy, Jiménez se aferra a la fortaleza que Dios le ha otorgado para no doblegarse ante esta injusticia. Su familia —sus hijos Lizeth Juliana y Luis Mauricio, sus nietos Adrián Mauricio y Mateo, sus hermanos y amigos— ha sido su mayor motivación para seguir adelante. A todos ellos, y a quienes lo han apoyado con su comprensión y oraciones, les expresa su más profundo agradecimiento.
Jiménez reconoce que no es perfecto. Ha cometido errores, tomado decisiones equivocadas y enfrentado frustraciones. Sin embargo, cada día aprende, se levanta y persevera con buenas intenciones. Aunque a veces le cueste expresar sus sentimientos o se distancie sin querer, su corazón permanece con quienes lo rodean. Sostiene que Dios no le exige perfección, sino autenticidad, confianza y perseverancia.
A pesar de sus fallas, cree que Dios lo mira con amor y le brinda la oportunidad de ser más paciente, agradecido y resiliente.
Una súplica por justicia
Mauricio Jiménez pide humildemente a Dios que escuche sus súplicas y toque el corazón de jueces y magistrados para que se haga justicia y se corrija este yerro judicial. Reconoce que no es perfecto, pero está en el camino de convertirse en una mejor versión de sí mismo, confiando en que el único perfecto es Jesucristo.
Mientras esté vivo, Jiménez tendrá la oportunidad de crecer, sanar y luchar por la verdad. Agradece a todos los que lo han acompañado en este difícil camino. Esta situación, según él, ha sido una conspiración entre una clase política y judicial corrupta, cuyo único propósito fue apartarlo del poder por la fuerza.
Se orquestaron oscuros intereses, se fabricaron pruebas y se buscó aplastarlo en vida dentro de una cárcel. Ha sido una lucha contra un sistema que lo incriminó injustamente.
Salida de la cárcel y resistencia
El recurso de habeas corpus fue el último que presentó Mauricio Jiménez, permitiéndole recuperar una libertad parcial. Previamente, había interpuesto un control de legalidad que también le otorgó la libertad, debido a la violación al debido proceso, la falta de pruebas y la imposibilidad de contrainterrogar a los testigos.
Este proceso comenzó aproximadamente en enero o febrero de 2008.
Jiménez permaneció privado de la libertad durante cerca de dos años y ocho meses. Decidió no aceptar la condena ni convertirse en prófugo, pues afirmó que, antes de pagar por una injusticia, preferiría morir. Su tiempo en la cárcel estuvo marcado por experiencias de aprendizaje y un comportamiento ejemplar
Durante su reclusión, lideró iniciativas como pintar el patio, arreglar una biblioteca y organizar actividades recreativas, como leer, jugar parques y practicar deportes. A pesar de estas acciones, la experiencia fue profundamente dura.
Jiménez tomó la decisión de no someterse a una condena que consideraba injusta.
Sostuvo que pagar por un delito que no cometió era inaceptable y, por ello, prefirió asumir las consecuencias de su resistencia, incluso a costa de su vida. En su relato, reafirma que los delitos inicialmente imputados fueron coautoría en desaparición forzada y concierto para delinquir.
Su lucha se ha centrado en defender su inocencia y buscar justicia, manteniendo su compromiso con la verdad a pesar de las adversidades.
