El examen de conocimientos se realizó ayer, domingo 25 de octubre, y los resultados se publicarán mañana, martes 27.
El operador tiene antecedentes polémicos, las hojas de vida muestran diferencias relevantes y en los círculos políticos se habla de candidatos fijos. Ahora llega la hora de contrastar esos pronósticos con los números.
La prueba representa el 60 % de la calificación final y puede empezar a definir quiénes integrarán la terna. Antes de que se publiquen los resultados, hay una pregunta que no puede esquivarse: ¿las calificaciones y las hojas de vida respaldarán el mérito de los aspirantes o dejarán interrogantes que deban aclararse?
En el proceso anterior, el 9 de octubre de 2025, de 59 aspirantes apenas ocho aprobaron; el promedio rondó los 44 puntos y la nota más alta fue 88. Es una referencia histórica, no una calificación que deba repetirse.
UN OPERADOR CON ANTECEDENTES POLÉMICOS
La convocatoria actual reemplazó otra revocada por la Mesa Directiva de la Asamblea de Casanare tras controversias relacionadas, entre otros asuntos, con la cadena de custodia de las pruebas aplicadas por la Universidad de Cartagena.
En 2021, durante el concurso para elegir contralor de Antioquia, El Colombiano publicó cuestionamientos sobre la custodia de los exámenes y puntajes casi perfectos de dos participantes. La Universidad rechazó los señalamientos, pero la Procuraduría pidió evaluar la repetición de la prueba por posibles problemas de confidencialidad y custodia. En Itagüí, 55 aspirantes abandonaron el examen denunciando inconsistencias y la evaluación fue suspendida. Estos antecedentes no prueban irregularidades en Casanare, pero sí recuerdan que la confianza depende de garantías verificables y mecanismos efectivos de revisión.
LAS CUENTAS QUE PUEDEN CAMBIARLO TODO
La Resolución 051 de 2016 de la Mesa Directiva, en concordancia con la Resolución 0728 de 2019 de la Contraloría General, asigna el 60 % a conocimientos; el 15 % a formación académica; otro 15 % a experiencia; el 5 % a docencia, y el 5 % a producción de obras en el ámbito fiscal. La prueba es eliminatoria. En formación se contemplan 30 puntos por especialización y 40 por maestría, hasta 100. La diferencia entre obtener 30 y alcanzar 100 equivale a 10,5 puntos de la calificación final. Para compensarla exclusivamente con el examen, el aspirante en desventaja necesita 17,5 puntos más en conocimientos.
La mejor nota del examen no garantiza por sí sola un lugar en la terna: la formación y la experiencia también pueden modificar la clasificación definitiva. Por eso, cualquier lectura que se limite al resultado de conocimientos estará incompleta.
La experiencia también pesa. Cada año adicional de experiencia general suma cinco puntos y cada año de experiencia específica en auditoría, vigilancia y control fiscal o control interno suma diez, hasta el límite previsto. Una diferencia de diez años puede representar entre 12,5 y 25 puntos equivalentes de examen, según el tipo de experiencia y el tope alcanzado. Al acumularse las diferencias en formación y experiencia, un aspirante con menos antecedentes puntuables puede necesitar una calificación extraordinaria para competir con quienes parten con ventajas verificables.
Esto es precisamente el punto. Los rumores de los denominados tinteaderos políticos tienen nombres propios: Humberto Alirio Martínez y Mirama López Zamudio. En esos círculos se les señala como cercanos al Centro Democrático y circula la versión de que tendrían asegurado un lugar en la terna antes de conocerse los resultados. Según la información consultada en PACO y otros portales públicos, ambos reportarían un solo posgrado. No es una versión menor: si se anuncia de antemano quiénes llegarán, el concurso corre el riesgo de parecer una formalidad. La manera de desmentir ese pronóstico no son los comunicados, sino puntajes verificables y una terna que se explique con documentos.
Que quede claro: la circulación de esos rumores no demuestra que exista un acuerdo ni permite acusar a los aspirantes de una conducta irregular. Pero tampoco obliga a la ciudadanía a mirar hacia otro lado. Si sus resultados los ubican entre los tres primeros, tendrán que sostenerse en la calificación ponderada y en los soportes de sus hojas de vida, no en la expectativa de los círculos políticos. Y si no los ubican allí, ningún pronóstico previo puede reemplazar las reglas del concurso.
En el caso de Martínez Pérez, hay un antecedente concreto: obtuvo 34 puntos en la prueba anterior, según los resultados disponibles. Esa nota no lo condena a repetir el resultado y cualquier aspirante puede mejorar. Pero si mañana aparece con más de 90 puntos, la diferencia será de al menos “56 puntos” respecto de aquella prueba. No sería prueba automática de irregularidad, pero sí una variación considerable que debe poder verificarse mediante la hoja de respuestas, la clave, los criterios de calificación y los mecanismos de revisión. El resultado no puede quedar blindado frente a preguntas legítimas solo porque favorezca a un aspirante.
En cuanto a López Zamudio, la información consultada reporta un posgrado y alrededor de 12,5 años de experiencia profesional. Esos datos deben ponerse frente a la fórmula de puntuación, no al margen de ella. La experiencia general no equivale necesariamente a experiencia específica en control fiscal; si no acredita esta última, esa carencia debe reflejarse en la calificación correspondiente. Con las diferencias en formación y experiencia sobre la mesa, no basta con repetir que tendría un lugar asegurado: debe mostrarlo el puntaje consolidado. Sin la valoración completa de todos los componentes, no es serio anticipar su ubicación, pero sí lo es exigir que las cuentas sean transparentes, ya que esta participante va a necesitar prácticamente un puntaje perfecto.
QUE LOS RESULTADOS HABLEN POR SÍ SOLOS.
Tras la publicación de resultados, los aspirantes deben poder revisar sus hojas de respuesta, conocer la clave y los criterios de calificación y utilizar los mecanismos de reclamación previstos. Los puntajes por componente y las vías para controvertirlos deben ser claros y verificables.
Una nota extraordinaria no demuestra por sí misma irregularidad. Pero si los resultados alteran drásticamente las expectativas, tampoco corresponde cerrar la discusión: habrá que examinar los soportes, las hojas de vida y la correcta aplicación de las ponderaciones.
Desde mañana, los pronósticos de los tinteaderos deberán medirse contra los resultados. Humberto Alirio Martínez y Mirama López Zamudio, como cualquier otro aspirante, no deben ser condenados por rumores ni recibir anticipadamente una posición que solo las cifras pueden justificar. Si llegan a la terna, sus puntajes y antecedentes deben explicarlo; si las cuentas no cierran, la Asamblea tendrá que responder.
La pregunta es si podrá demostrar que la terna se construyó con mérito, transparencia y reglas iguales para todos.
