Por Wilson Acosta Gaviria Preventólogo
La conducción en estado de embriaguez o bajo efectos de otras drogas constituye una de las principales amenazas para la seguridad vial en Colombia. Cada año, miles de personas resultan lesionadas o pierden la vida en accidentes ocasionados por conductores que, bajo los efectos del alcohol, deciden manejar un vehículo sin medir las consecuencias de sus actos. Frente a esta realidad, la criminalización de la conducta no es simplemente una medida punitiva, sino una herramienta necesaria para proteger la vida y garantizar el bienestar social.
En primer lugar, es importante reconocer que conducir en estado de embriaguez no es un error aislado ni un simple descuido. Se trata de una conducta que pone en riesgo directo la vida de terceros inocentes: peatones, pasajeros y otros conductores. El Estado, en su obligación de proteger derechos fundamentales, debe actuar con firmeza frente a quienes, de manera irresponsable, deciden ignorar normas básicas de convivencia.
En segundo lugar, la criminalización cumple una función preventiva. Al establecer sanciones claras y ejemplarizantes, se envía un mensaje inequívoco de que la sociedad colombiana no tolera comportamientos que atentan contra la seguridad pública. El miedo a la sanción no es el único motor de cambio, pero sí un elemento que disuade y obliga a replantear conductas.
Asimismo, las penas asociadas a la conducción en estado de embriaguez deben estar acompañadas de programas de sensibilización y educación vial. La criminalización, sin pedagogía, corre el riesgo de convertirse en una sanción meramente simbólica. En cambio, si se articula con campañas preventivas y procesos de concientización, puede contribuir a una transformación cultural en la que conducir bajo los efectos del alcohol deje de ser visto como una práctica tolerada.
Finalmente, la criminalización también responde a un principio de justicia para las víctimas.
Cada vida perdida en un accidente ocasionado por un conductor ebrio es una tragedia irreparable. Frente a ello, el sistema jurídico no puede mostrarse indiferente ni débil. Las sanciones penales son una forma de reconocer el dolor de las familias y de reivindicar el valor de la vida como bien supremo protegido por la Constitución.
En conclusión, la criminalización de los conductores ebrios en Colombia es una medida necesaria y justa. Más allá de su carácter punitivo, representa un compromiso con la prevención, la educación y la justicia.
Conducir bajo los efectos del alcohol no es un acto privado: es una decisión que puede costar vidas. Y en una sociedad que aspira a ser más segura y solidaria, esa conducta no puede quedar impune.
