El aplazamiento hasta junio de una audiencia preparatoria, agregó un nuevo capítulo al viacrucis jurídico de ocho líderes sociales residentes en el área de influencia del bloque petrolero Cubiro (en San Luis de Palenque y Trinidad, Casanare), y quienes fueron capturados en un espectacular operativo que incluyó helicópteros y cerca de 200 unidades militares, policiales y de la Fiscalía, en noviembre de 2018.
Entre los dirigentes, encabezados por el exconcejal de Trinidad, Ferney Salcedo Gutiérrez, se incluyen siete familiares suyos: su esposa, Yulivel Leal Oros; además de Jesús Leal Salcedo, Miguel Ángel Rincón Santiesteban, Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez, Josué Eliecer Rincón Duarte, María Teresa Rincón Duarte y Salcedo Betancourt Jerónimo, todos cobijados con medidas privativas de la libertad.
Mientras él fue sorpresivamente trasladado desde el centro carcelario de La Guafilla (en Yopal) hasta la cárcel “La Picota” de Bogotá (incluso sin producirse aún alguna condena), su esposa permanece en Yopal, cobijada por una detención domiciliaria.
“Para mí todo esto es injusto… mi hijo lo único que ha hecho es velar por los intereses de la comunidad y vea donde está ahora”, dijo Oneira Gutiérrez, madre del dirigente y tía de otros de los capturados.
Los problemas para estos dirigentes comenzaron casi desde el comienzo de explotaciones del Bloque Cubiro (adjudicado en 2005 a Pacific Rubiales E&P, empresa que posteriormente se convirtió en Frontera Energy), debido a las denuncias de algunos de ellos por presuntos casos de favorecimientos ilegal en adjudicación de contratos y reclamaciones por desmanes sociales, ambientales y laborales de la compañía petrolera y sus empresas contratistas.
Incluso, varios de los afectados, reclamaban de la empresa porque a pesar de prestar servicios en materia de transporte y suministro de comidas durante varios años, la compañía dilató pagos o se negó a cancelar dichas obligaciones.
A esta situación, se sumó la inconformidad social en el área de influencia del bloque petrolero, donde se presentaron bloqueos de vías y manifestaciones en varias ocasiones, hasta que en febrero de 2018, durante varios choques con la comunidad, un miembro del ESMAD de la Policía fue arrastrado por un jinete desconocido mientras que trabajadores de empresas contratistas fueron lesionados y hubo afectación de vehículos y bienes materiales de la empresa.
Por dicha razón, en noviembre de dicho año, se produjeron las capturas de quienes fueron señalados como líderes de un grupo delincuencial organizado (GDO), denominado por las autoridades militares y la Fiscalía, como “los Jinetes de Careto”, los cuales estarían liderados por estos ocho dirigentes.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos que han rechazado la persecución judicial en contra de los dirigentes, ese GDO no ha sido oficialmente reconocido como una estructura delictiva que opere en donde la Fiscalía asegura que operó contra los intereses de la compañía.
A los señalados de protagonizar los desórdenes se les han imputado cargos como concierto para delinquir agravado y terrorismo, aplicándoles el rigor de la Ley 1908 de 2018, que incluso, determina que la detención preventiva en la que actualmente están, podría extenderse hasta tres años. Sin embargo, su eventual condena estaría lejos de producirse.
Y es que precisamente, el acucioso trabajo de los entes investigativos y de apoyo (Fiscalía y Ejército) y el desequilibrio de fuerzas entre la defensa de los acusados y sus acusadores, es otro de los puntos en controversia en este proceso.
“Yo he cuestionado mucho que aquí no tenemos igualdad de condiciones: estamos ante el poder de la Fiscalía, ante el poder de las autoridades que están al servicio de la petrolera”, dijo Jorge Cortés Colmenares, uno de los abogados defensores de los acusados.
Cortés estaría haciendo referencia a las dudas que sobre la imparcialidad del Ejército y la Fiscalía existen frente al proceso, con mayor razón cuando Frontera Energy suscribió con dichas entidades varios convenios para apoyar “la realización de sus labores”.
“El 16 de noviembre de 2018, once días antes de la detención, la empresa suscribió el Convenio No. 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ejército Nacional se compromete a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio de unos aportes que la empresa realizó por un monto de $2.152.974.695 durante un periodo de trece meses. Tan solo tres días después, suscribió un nuevo convenio (No. 18-017) con el Ministerio de Defensa Nacional, para los mismos propósitos, esta vez por un monto de $2.340 millones a ejecutarse en un plazo de un mes y doce días”, cita un informe sobre criminalización de líderes sociales que ha mostrado el caso de Ferney Salcedo como emblemático de esta situación.
Agrega el mencionado estudio de casos, realizado por organizaciones como COSSPAC, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Red SOS-TORTURA y que “la Estructura de Apoyo (EDA) de la FGN financiada por la empresa Ecopetrol -socia estratégica de Frontera Energy- para investigar delitos que afectan la infraestructura petrolera y energética, les imputó los cargos. En enero de 2018, diez meses antes de la captura, Ecopetrol había firmado un convenio con la Fiscalía por un monto de $17.600.983.146 para que esta entidad hiciera un refuerzo de su capacidad investigativa y de judicialización de, entre otras conductas, la obstrucción a vías públicas y el uso de vías de hecho durante las protestas sociales”.
“Es una pelea de toche con guayaba madura…”, dijo uno de los acompañantes a la frustrada audiencia contra los líderes, que no se pudo hacer porque el INPEC no informó oportunamente del traslado de Ferney Salcedo de Yopal a Bogotá.
El caso de estos líderes, será expuesto internacionalmente por el relator de Derechos Humanos de la ONU, Michael Forst, quien ha reclamado del gobierno, respuestas claras en torno a la situación.
A propósito de estos hechos, Frontera Energy emitió un comunicado de prensa en donde sostiene que: “La compañía reconoce y respeta la protesta social como un medio legítimo de expresión. Igualmente, tiene claro que es potestad de las autoridades estatales –tanto del poder Ejecutivo como del poder Judicial- intervenir en aquellos casos en los cuales se trata de restablecer el orden en respuesta a vías de hecho, como ocurrió en campo Cubiro en febrero de 2018”.
