La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis miembros del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», en el departamento de Casanare.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008, cuando las víctimas fueron detenidas de manera ilegal, sometidas a tratos degradantes y posteriormente asesinadas para ser presentadas como bajas en combate. La JEP señala que estas conductas violan el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, por lo que constituyen crímenes de guerra.
Los militares imputados hacen parte del Caso 03, que investiga muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. La jurisdicción determinó que no se trató de hechos aislados, sino de prácticas sistemáticas que involucraron distintas unidades del Ejército en la región.
La JEP ha otorgado a los comparecientes un plazo para reconocer responsabilidad, aportar verdad plena y contribuir a la reparación de las víctimas. De no hacerlo, podrían enfrentar un juicio adversarial dentro del sistema transicional.
