La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso histórico en la búsqueda de verdad y justicia al postular ante el Tribunal para la Paz a 22 comparecientes —19 militares, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles— involucrados en el subcaso Casanare del Caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
Este proceso documenta 318 asesinatos y desapariciones forzadas, ocurridos entre 2005 y 2008, en los que campesinos, jóvenes, mujeres, menores y personas vulnerables fueron presentados falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI del Ejército Nacional.
Los implicados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad plena ante las víctimas y la JEP. Se trata del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI entre 2005 y 2007; el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante del Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno); el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare; y otros altos mandos, oficiales, suboficiales, un soldado y dos civiles —Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez— que actuaron como falsos informantes. También figura el exdirector del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, quien, según la investigación, contribuyó a fabricar informes de inteligencia falsos para legitimar las operaciones.
La JEP concluyó que estos 22 comparecientes utilizaron la estructura institucional del Ejército para conformar una organización criminal orientada a mostrar resultados militares mediante asesinatos de civiles. El magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso, explicó que tras un proceso exhaustivo de contrastación judicial se identificaron responsabilidades individuales y se calificaron los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios de persona protegida según el Código Penal colombiano.
Una maquinaria de muerte institucionalizada
El documento revela que durante la comandancia de Torres Escalante, la Brigada XVI instauró un sistema de incentivos perversos para elevar los indicadores de bajas: permisos, cursos en el exterior, condecoraciones y ascensos a cambio de resultados. Bajo el mando del teniente coronel Acosta Pardo, el Batallón Birno pasó de reportar 20 muertes ilegítimas en 2006 a más de 70 en 2007. El Gaula Casanare, al mando del coronel Wilson Camargo Tamayo, desvió su misión de lucha antisecuestro hacia la ejecución de civiles, utilizando supuestas “entregas controladas” de dinero como fachada para asesinar víctimas. El DAS, por su parte, aportó información de inteligencia falsa y participó en la ejecución directa de crímenes.
Según la JEP, la práctica se extendió mediante tres modalidades: el asesinato de personas capturadas o fuera de combate durante operaciones inicialmente legales; la ejecución de civiles previamente señalados en labores de inteligencia; y la utilización de reclutadores o falsos informantes que atraían víctimas bajo engaño para ser asesinadas. El tribunal documentó que incluso menores de edad fueron instrumentalizados como informantes por el Ejército.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que esta red criminal no solo asesinó a campesinos acusados de colaborar con la guerrilla, sino también a personas estigmatizadas como “indeseables”, entre ellas consumidores de drogas, trabajadores sexuales, desmovilizados, población LGBTI y habitantes de calle. Algunos militares reconocieron que operaban bajo una política de “exterminio social” justificada internamente como limpieza del territorio.
Las víctimas y la verdad revelada
El subcaso Casanare cuenta con 612 víctimas acreditadas, aunque la JEP ha documentado 318 asesinatos. La investigación permitió esclarecer hechos que la justicia ordinaria no había logrado explicar, revelando la magnitud del fenómeno en un departamento que ocupó los primeros lugares nacionales en número de “bajas en combate”.
Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en Yopal, los comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad y participaron en encuentros restaurativos con las víctimas. En estos espacios, decenas de familiares recibieron respuestas sobre cómo murieron sus seres queridos, los lugares de ejecución y los tratos inhumanos previos a su muerte. Algunos militares confesaron haber torturado a las víctimas antes de asesinarlas, por lo que la JEP imputó crímenes de tortura y tratos crueles a seis comparecientes.
Las víctimas expresaron que el proceso representó un avance significativo, aunque todavía quedan dudas por aclarar. En respuesta a sus solicitudes, la JEP ordenó la búsqueda y entrega digna de siete personas desaparecidas, con la inminente entrega de cuatro cuerpos más a sus familias. Además, exhortó al Ministerio de Defensa a retirar las condecoraciones obtenidas por los militares como “premio” por los resultados de esta práctica criminal.
La justicia restaurativa y los proyectos de reparación
Como parte del proceso de justicia restaurativa, la JEP seleccionó cuatro proyectos de Sanción Propia que deberán ser ejecutados por los responsables como forma de reparación simbólica y comunitaria:
- Parque Memoria y Paz: un espacio conmemorativo en Yopal para dignificar a las víctimas de asesinatos y desapariciones, con jardines, zonas culturales y pedagógicas.
- Sede Universidad de la Memoria y la Justicia, propuesta por la Asociación de Víctimas Casa Paz, que funcionará como centro académico y simbólico para la formación en derechos humanos y justicia transicional.
- Homenaje al Campesino, por su Valor y Dignidad, un monumento y programa cultural que reivindicará el papel del campesinado en la construcción de paz y la resistencia frente al conflicto.
- Búsqueda de Personas Desaparecidas, impulsado por el exdirector del DAS, Orlando Rivas Tovar, orientado a colaborar con la Unidad de Búsqueda y las familias en la localización e identificación de víctimas.
Estas iniciativas fueron construidas conjuntamente con las víctimas, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el marco de un memorando de entendimiento suscrito en 2024.
Los que no reconocieron y el camino hacia la sentencia
De los 26 imputados iniciales, cuatro no fueron incluidos en esta resolución. Uno falleció (coronel Peña Chivatá) y otro, Germán León Durán, reconoció tardíamente su responsabilidad ante la Unidad de Investigación y Acusación. Dos más —Wilson Camargo Tamayo y Marco Fabián García Céspedes— siguen bajo verificación por no aportar verdad completa. En particular, García Céspedes habría entregado información falsa y podría ser expulsado de la JEP por incumplimiento del régimen de reconocimiento.
Con esta quinta Resolución de Conclusiones (la cuarta del Caso 03), la JEP envió el expediente al Tribunal para la Paz, que asumirá la fase de juicio para imponer las sanciones propias. Estas no implican prisión, pero sí restricción efectiva de libertades y la obligación de realizar aportes concretos a la reparación y reconstrucción del tejido social en Casanare, bajo monitoreo de la ONU.
Un modelo de justicia con rostro humano
El subcaso Casanare se convierte en un referente de cómo la justicia transicional puede revelar verdades profundas sobre el conflicto armado y restaurar la dignidad de las víctimas. Por primera vez, altos mandos militares y exfuncionarios reconocen ante el país su papel en una política criminal que transformó la misión constitucional del Ejército en una maquinaria de muerte.
La JEP determinó que al menos 367 personas —militares, agentes del DAS y civiles— participaron en esta organización. Los recursos del Estado, destinados a la seguridad y la protección ciudadana, fueron desviados para financiar operaciones ilegales y pagar informantes. “Lo ocurrido en Casanare fue una masacre contra el pueblo”, reconoció uno de los exmilitares ante el tribunal.
El paso del caso al Tribunal para la Paz abre la puerta a una sentencia restaurativa que combine verdad, justicia y reparación. Con ella, las víctimas esperan cerrar un ciclo de impunidad de más de dos décadas y contribuir a una nueva etapa de reconciliación para Casanare y para el país.
