Una intensa marejada de indignación y cuestionamientos sacude la escena política colombiana tras la difusión de imágenes que muestran al presidente Abelardo de la Espriella distribuyendo balones de fútbol en áreas gravemente golpeadas por el reciente terremoto de magnitud 7,4.
El episodio, ocurrido durante un recorrido oficial por la golpeada ciudad puerto de Buenaventura, provocó una ola de rechazo de ciudadanos, líderes de opinión y sectores de la oposición que califican el gesto de insensible y proselitista frente a las urgentes carencias de los damnificados.
Los hechos se viralizaron a través de videos difundidos en plataformas digitales por activistas y líderes comunitarios.
En las grabaciones se observa al mandatario entregando las pelotas desde su vehículo blindado a los pobladores golpeados por la tragedia.
El mayor foco de malestar radica en que los insumos no solo eran vistos como una ayuda extemporánea e inútil frente a las necesidades básicas inmediatas, sino que llevaban impreso el sello distintivo y la marca de su movimiento político (Defensores de la Patria / Firmes por la Patria).
Para miles de familias que perdieron sus viviendas, pertenencias e infraestructuras de servicios públicos, el gesto gubernamental resultó una desconexión total con la realidad en el terreno.
Ciudadanos locales recriminaron públicamente que la prioridad del Ejecutivo debió centrarse en garantizar alimentos, agua potable, atención médica urgente y asistencia de vivienda transitoria, en lugar de distribuir artículos deportivos con distintivos partidistas.
En uno de los metrajes con mayor difusión, habitantes de las zonas afectadas expresaban su frustración preguntando sobre los recursos invertidos en la personalización de la ayuda promocional mientras la infraestructura escolar y sanitaria permanecía colapsada.
A través de las redes sociales y diversos espacios de opinión, analistas y personalidades públicas condenaron severamente la actuación del Jefe de Estado.
Diversos sectores señalaron que convertir la atención de desastres en una vitrina de marketing político cruzó la línea ética. Voceros de la oposición acusaron al Gobierno de «confundir una emergencia humanitaria con un evento de campaña», insistiendo en la falta de austeridad y rigor en el manejo de la crisis.
Por su parte, desde la Casa de Nariño y el sector oficialista se defendió la presencia en la región argumentando que la visita al puerto del Pacífico formaba parte de una agenda integral de supervisión de ayudas, en la que también se anunciaron importantes inversiones en materia de capacidad hospitalaria, envío de medicamentos y despliegue de logística médica.
Según voceros del Gobierno, los esfuerzos principales siguen concentrados en la respuesta a la catástrofe y en la etapa inicial de reconstrucción.
Sin embargo, estos argumentos no han logrado amortiguar el impacto mediático negativo ni apaciguar el descontento de la opinión pública.
El escándalo de los balones pone al descubierto las marcadas tensiones políticas que atraviesa el país en momentos en que la coordinación efectiva y la solidaridad debieran primar sobre las banderas partidistas.
Con una cifra considerable de víctimas, personas desaparecidas y miles de familias en condición de vulnerabilidad, la controversia representa un amargo traspié comunicacional y político que empaña la estrategia de atención gubernamental ante uno de los eventos sísmicos más devastadores del país en los últimos años.
