Un grupo de 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del INPEC, que habrían facilitado el ingreso de celulares y otros elementos a distintos pabellones de la cárcel de Cómbita (Boyacá) para que reclusos realizaran llamadas extorsivas, fueron judicializados por la Fiscalía.
El accionar delincuencial se desplegaba en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), donde se conformó una red delincuencial dedicada a contactar vía telefónica y extorsionar a residentes de diferentes ciudades, en medio de amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio.
La Fiscalía puso en evidencia a un grupo de 12 personas externas al penal y cinco funcionarios del mismo, encargados de facilitar el actuar delictivo de algunos los reclusos.
Los elementos materiales probatorios indican que los presuntos involucrados cumplían roles diferenciados dentro del esquema criminal: algunos recopilaban datos de las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia e información familiar; y otros los transmitían o se los hacían llegar a los internos.
De esta manera, entre enero y diciembre de 2025, se realizaron desde la cárcel de El Barne numerosas llamadas, en la que reclusos de diferentes pabellones llamaron con agenda en mano a distintas regiones y, a nombre de estructuras armadas organizadas, hicieron exigencias de giros y consignaciones.
Los señalados de favorecer este actuar ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía en Bogotá y municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Entre los capturados hay cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez.
Estos funcionarios habrían omitido sus funciones de custodia para permitir el ingreso de teléfonos y otros artículos necesarios para el desarrollo de la actividad delictiva.
A los 17 capturados un Fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado.
Por disposición del juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural.
Los demás implicados seguirán vinculados a la investigación.
